En tono lastimero, Díaz Ferrán repitió que en sus cuarenta años de actividad, desde que en 1968 empezó como cobrador en el autobús de su padre, jamás había vivido una situación «tan terrible, dramática y desagradable» como el concurso de acreedores que se le viene encima y el expediente de regulación de empleo, presentado ayer, que enviará al paro a sus empleados, a los que adeuda varios meses de sueldo. Eso sí, prometió que cumplirá su «compromiso» de abonar a los trabajadores los pagarés que les ha entregado, y exhibió como garantía el edificio que la empresa tiene en la mallorquina bahía de Pollensa.
El presidente de la patronal agradeció al Ministerio de Fomento que «esté colaborando para buscar las mejores soluciones para los pasajeros» que siguen en tierra. Gestiones que empiezan a dar resultados. A las 20 horas de ayer partió desde la terminal 1 de Barajas un avión con casi 500 afectados rumbo a Buenos Aires y al cierre de esta edición estaba previsto que aterrizase otro con destino a Lima con más de 200 viajeros. El próximo día 25, Iberia tiene programados otros dos vuelos a Quito y Bogotá.
Concurso de acreedores
Fomento prevé que trasladar a los afectados costará al erario público 6,3 millones de euros. Díaz Ferrán admitió que esa factura «quien tiene que pagarla es Air Comet» y que se incorporará a la documentación del concurso de acreedores. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, aseguró que la «obligación y preocupación» del Gobierno es «vigilar» que los derechos de los trabajadores y los viajeros no se vean afectados. Asimismo, afirmó que el Ejecutivo respeta «escrupulosamente» la independencia de las organizaciones empresariales para elegir a sus representantes. La sección sindical del Sepla de los pilotos de Air Comet acusó al Gobierno de ser cómplice de Díaz Ferrán «porque sabe que haga lo que haga no le va a pasar nada».