Íñigo Muniozguren es, además de secretario general de la EGA, uno de los abogados que mejor conoce la legislación eléctrica española.
-¿Por qué está la patronal en contra del nuevo modelo?
-La Xunta no tiene competencias en materia de legislación energética. Solo puede ejecutar la normativa básica estatal. Ahora decide plantear una ley, explicando que dará seguridad al sector. Pero la realidad es que la única finalidad de esa ley es desarrollar un impuesto. Si el elemento estrella del nuevo modelo es aplicar un impuesto a un sector estratégico en un momento de crisis, apaga y vamos. En catorce años llevamos cinco conselleiros de Industria y cuatro legislaciones diferentes. La clase política gallega está siendo irresponsable con un sector estratégico que quiere invertir en Galicia, y que en los últimos años ha exportado tecnología y mano de obra cualificada por todo el mundo.
-¿Cómo puede garantizar la Administración que los beneficios del viento repercutan en la economía gallega?
-Ya repercute. Somos muchos los que trabajamos en el sector. Pagamos nuestros impuestos aquí. Tenemos fábricas en la comunidad, la mayor parte del sector auxiliar es gallego. Somos un sector pujante que quiere invertir en Galicia. Y el único apoyo es cobrarnos un canon por la afección al paisaje. ¡Pero si la eólica surge como una necesidad ambiental...! Estamos todos de acuerdo en que es el sistema de producción energética con menos afección ambiental, y por eso recibe una prima. Todo el mundo se llena la boca con las renovables, pero a la hora de la verdad nadie apoya.
-Siempre ha habido muchas dudas sobre las concesiones eólicas y la forma de repartirlas. Eso ha manchado la imagen del sector, y quizás de ahí venga la necesidad de los políticos de cobrarles por explotar el viento gallego.
-No deberían pagar justos por pecadores. En el año 1995, cuando se dice que se daban los parques a dedo, nadie quería invertir en la eólica en Galicia. Fueron cuatro empresas las que intentaron sacar adelante un sector que era una incógnita. Aquel modelo tuvo éxito, llegamos a ser una potencia mundial, en explotación, fabricación y exportación.
-Pero luego llegaron los parques individuales, donde surgieron las irregularidades y la especulación.
-La patronal fue la primera que se opuso a aquellos parques, porque era un modelo minifundista ineficiente. En cualquier caso, si la fama que tiene el sector es por aquello, hay que decir que representan un porcentaje del sector ínfimo.
-El sector está dividido sobre lo ocurrido en la última legislatura. ¿Cree que el decreto del BNG es ilegal? ¿Está de acuerdo en que se anule el concurso?
-En su día ya dijimos que era ilegal, y por qué lo pensábamos. Y se lo dijimos a la Xunta, al Consello Consultivo y a la Asesoría Xurídica. Como asociación, nos enfrentamos al Gobierno. Y es cierto que la aprobación del decreto generó una gran inseguridad jurídica. Pero, hasta que alguien decida lo contrario, ahora es la legislación que está en vigor, y hay que respetarla. La única forma en la que puede dejar de tener efectos es si se decreta nula. Si es ilegal, el Gobierno tiene la obligación de hacerlo. Y, si es así, lo acataremos, nuevamente.