El bipartito llegó a impugnar el decreto de Industria y llevó el asunto al Tribunal Constitucional
ECONOMÍA
En septiembre del 2007, tras la aprobación del decreto de Industria que abrió la puerta a la eólica marina, el Gobierno bipartito de Pérez Touriño impugnó el decreto ante el Gobierno central, y dos meses después planteó un conflicto de competencias ante el Constitucional, que fue admitido por el alto tribunal. PSOE y BNG entendieron entonces que se había usurpado el poder de Galicia en materia de autorización de instalaciones eléctricas, reconocido en el artículo 27 del Estatuto gallego y en el 149.1 de la Constitución. El Gobierno se apoyaba para ello en la ubicación de los molinos en el mar territorial, y en que la potencia mínima instalada debe ser superior a 50 megavatios, límite para que exista una autorización directa de las comunidades autónomas. Con el nuevo mapa eólico marino sobre la mesa, la pelota está ahora sobre el tejado de la nueva Xunta del Partido Popular.