El magistrado advierte a la constructora que no iniciará los trámites hasta que no se cumplan los requisitos
18 jul 2008 . Actualizado a las 10:52 h.El juzgado mercantil coruñés que lleva el caso de Martinsa-Fadesa asegura que el proceso concursal no se ha iniciado «de forma oficial» por la falta de documentación y porque la constructora no ha abonado las tasas correspondientes. Fuentes del tribunal precisaron que la empresa no aportó justificantes del pago de esta cantidad que determina una orden ministerial y que depende del volumen del activo y pasivo de la inmobiliaria.
El juez que lleva el caso, Pablo González-Carreró Fojón, ya comunicó a los representantes de Martinsa-Fadesa que les da un plazo de diez días hábiles para que aporten los documentos pertinentes. Solo después de analizar la información ya enviada y la que ha quedado pendiente, el magistrado dictará un auto en el que resuelva si acepta la declaración de concurso de acreedores.
Por su parte, Javier Sánchez, el procurador coruñés que representará a la inmobiliaria, reclinó responder a La Voz por qué no se han abonado todavía ni el primero de los pagos que exige el juzgado y que podría ascender a poco más de 6.000 euros, según las estimaciones de expertos en el tema. No obstante, estas fuentes precisan que los gastos y la provisión de fondos que requiere el proceso pueden ser millonarios.
Concurso anulado
Una empresa de Segovia se quedó hace dos años sin opciones de acceder al proceso concursal al no poder hacer frente a las tasas judiciales. En este caso, los propios trabajadores recurrieron al juzgado para resolver a situación de la empresa Investigación y Desarrollo de Equipos Médicos debido a la deuda millonaria que tenía la firma.
El magistrado ni siquiera pudo iniciar el proceso, porque la empresa no era capaz de hacer frente a los gastos que conllevaba la suspensión de pagos que solicitaban.
Entre la documentación que debe aportarse para solicitar un concurso de acreedores deben figurar memorias y auditorías de los tres últimos años, así como los estados financieros intermedios posteriores a las últimas cuentas anuales. También deberá acompañar a los informes una explicación de las causas del estado en que se encuentre la empresa y de las valoraciones y propuestas sobre su viabilidad patrimonial.
Asimismo, el juzgado pedirá una relación de acreedores por orden alfabético, con la cuantía y los plazos de cada uno de los créditos que se adeudan.
Hasta septiembre
Una vez que la empresa se ponga al día con el papeleo judicial y el tribunal admita la suspensión de pagos, un auto designará a los administradores concursales, entre los que se encontrará la CNMV o un profesional. Los designados por el juez deberán entonces elaborar un informe sobre la situación financiera del grupo y comprobar los datos enviados interrogando a los acreedores. Todo este proceso podría alargarse meses, probablemente hasta después de septiembre no se tomaría declaración al primero de los deudores de la constructora.