Una sentencia del Tribunal Supremo reconoce al ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la titularidad de derechos urbanísticos derivados de las vías férreas que cruzan la parcela sobre la que se edificará en el futuro el parque ofimático. La resolución judicial revoca la resolución previa de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que atendía el razonamiento del Ayuntamiento coruñés a la hora de denegar la pretensión del ente ferroviario y declaró la inadmisión del recurso presentado por el gestor. Según la argumentación jurídica de los letrados encargados de defender los intereses coruñeses, ADIF no tendría derecho a esa compensación en aprovechamientos urbanísticos, «porque la petición afecta a un servicio general que existía antes y que se mantiene ahora y seguirá funcionando en el futuro». La sentencia del Tribunal Supremo reconoce, por el contrario, el derecho de Renfe, a través del gestor de infraestructuras ferroviarias «para tener el aprovechamiento urbanístico en las mismas condiciones que el resto de propietarios del sector» a cambio de la afectación de los terrenos de uso del sistema general ferroviario. El gobierno local coruñés recordaba ayer que la resolución podría tener como consecuencia que, si se ejecuta la sentencia, las vías pasaran a ser de titularidad municipal una vez abonada la compensación». En su recurso, ADIF consideraba que se le estaba excluyendo de los aprovechamientos urbanísticos a los que, a su juicio, tenía derecho. Asimismo, argumentaba su disconformidad con la calificación de la zona de dominio público y la delimitación del área de afección del ferrocarril. Medidas Tras conocer ayer la sentencia, el área jurídica del Ayuntamiento y los técnicos de Urbanismo iniciaron el estudio de las posibles medidas. Inicialmente, parece descartado un recurso judicial y la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, confía en abrir de inmediato una ronda de conversaciones con los responsables de ADIF para intentar solucionar el contencioso de «una forma satisfactoria para todas las partes implicadas en esta situación». Obdulia Taboadela señaló que la sentencia, en ningún caso, pone en peligro el desarrollo de la parcela, por cuanto el Ayuntamiento dispone de mecanismos para evitar la reparcelación del solar y poder indemnizar, en caso de que fuera necesario, a la entidad demandante. Proceso «Independientemente de la sentencia, no hay ninguna consecuencia en la tramitación del polígono, tanto en la reparcelación como en la urbanización y seguirá adelante con el proceso actual», manifestó Taboadela a la hora de analizar en primera instancia las consecuencias de la resolución judicial. En estos momentos, el Ayuntamiento espera sacar a concurso las obras de urbanización de la parcela, valoradas en unos cincuenta millones de euros. La intención del gobierno local es que el proceso burocrático se complete antes de que acabe el primer semestre del año, para que la ejecución del proyecto pueda acometerse a lo largo de los últimos meses de este año.