Intentar localizar a los propietarios de las fincas donde están levantadas las supuestas infraviviendas de Elviña y la Zapateira se ha convertido en el principal objetivo de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, que esta semana han intensificado el trabajo para poder localizar a los dueños o promotores de estos inmuebles. Según explicaron fuentes de este departamento del Ayuntamiento coruñés, se está trabajando sobre la documentación remitida por la Escola Técnica Superior de Arquitectura, así como sobre informes técnicos previos que existen del entorno de estos dos campus universitarios.
Asimismo, todos estos datos también están siendo contrastados con los que existen en el catastro y en el padrón municipal, puesto que se pudieron producir ventas de las parcelas o modificaciones, que fueron registradas en estos dos servicios. De hecho, muchos de los terrenos que aparecen en el estudio de la Universidad con infraviviendas en su interior no están registradas en la web del catastro como suelo edificable, aunque existen algunas en las que sí se hace constar la existencia de una especie de pequeños habitáculos. Finalmente, a toda esta documentación se sumarán próximamente los informes recogidos a pie de calle por los agentes de la Policía Local, que en los últimos días se han dedicado a visitar los inmuebles para comprobar la identidad de los propietarios de las fincas presuntamente implicadas en el alquiler de infraviviendas.
Desde la Concejalía de Urbanismo recordaron que esta misma semana se comenzarán a incoar los expedientes de cada una de estas viviendas para proceder al restablecimiento de la legalidad vigente. «Primero tenemos que conocer a los titulares de los inmuebles para poder incoar los expedientes», reiteraron ayer fuentes municipales, que también indicaron que ese proceso se desarrollará en los próximos días.
Multas
Como ya había informado en las últimas semanas la concejala de Infraestructuras, Mar Barcón, si se llega a determinar que estas personas han incurrido en algún tipo de delito, serán castigadas con las penas que establece la ley, y que suelen ser sanciones económicas.
Asimismo, tampoco se descarta que se tengan que precintar e incluso tirar las supuestas infraviviendas si se demuestra que no cuentan con los preceptivos permisos, tanto de licencia de obra como de apertura, alquiler o habitabilidad. En este sentido, en el estudio de Arquitectura se hablaba de que muchos de los inmuebles no contaban con más de 12 metros cuadrados, algo que las nuevas normas de edificación de la Xunta no permiten, puesto que sitúan en 40 metros cuadrados la superficie mínima para construir un piso.
Asimismo, en el informe de los alumnos de Arquitectura también se señalaba que muchos de estos galpones carecían de cocina, y solo disponían de hornillo, así como de un pequeño aseo. La falta de ventilación y de calefacción eran otras de las deficiencias de estas infraviviendas, en las que se llegaban a pagar 170 euros al mes.