Afirman que la Xunta sabía de los restos arqueológicos de A Atalaia desde 2005

El Gobierno local de Cervo reclamó ayer la intervención de la Consellería de Cultura para rescatar, proteger y preservar el castro de A Atalaia, instando a la Administración autonómica, entre otras opciones, a adquirir la propiedad sobre la que se levanta el yacimiento: «Si os restos teñen un alto valor, a Xunta debe outorgarlles a protección oportuna. A Xunta tivo a obriga de protexer esta zona e non o fixo, non se sabe si por falla de intención ou neglixencia». Así se manifestaba ayer el regidor de Cervo, Alfonso Villares, quien compareció arropado por los concejales José Manuel Balseiro, Yolanda Pedreira y Antonio Basanta.

Para defender la actuación del Gobierno local, el regidor recordó que la Xunta ya conocía la existencia de material arqueológico, según consta en los informes de dos arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura que realizaron una visita a la península en el año 2005. Constataron «fundamentalmente muíños circulares de tipoloxía castrexa ou romana, en diversas fachadas dedicadas a horta situadas na área das rúas do Chope, travesa da rúa Chope e rúa dos Mixillóns, ao suroeste da Atalaia». Villares cree que esta visita estuvo motivada tras enviar el Concello a la Xunta, en octubre del 2004, el avance del Plan Xeral de Ordenación Municipal, donde los redactores recogían la existencia del castro.

El regidor recuerda que nunca recibieron ninguna información al respecto, por lo que el Concello no tenía por qué conocer la existencia del informe de los arqueólogos hasta que en noviembre del año pasado recibió un informe sobre el requerimiento para la inclusión del castro en el inventario de yacimientos arqueológicos de la Xunta. «Desde que son alcalde en ningún momento ningún cargo político de Cultura se puxo en contacto con nós, a pesar das distintas acusacións contra este Concello, sempre a través da prensa», explicó Villares, quien anunció que próximamente le pedirá una entrevista a la titular de Cultura, la nacionalista Ánxela Bugallo.

Recordó que fue en el mes de abril del año pasado cuando recibió el informe arqueológico inventariado, en el que se hacía constar que el asentamiento estaba «gravemente alterado».

El concejal cervense y también parlamentario José Manuel Balseiro anunció que pedirá en la Cámara autonómica que la consellería vele por la protección del yacimiento: «A forma de protexelo pasa pola compra dese terreo», aclaró el diputado, quien espera contar con el apoyo de las organizaciones ecologistas y de los vecinos que recogieron firmas para proteger el castro. Balseiro dejó claro que el Ayuntamiento no puede asumir la protección: «Sería un investimento importante, mentres que para a Xunta sería mínimo».

En relación con las tres licencias para construir 92 viviendas, Alfonso Villares dice que el Concello no pudo negar la autorización, solicitada a mediados del 2006, al no existir ningún tipo de protección en el planeamiento.

Responsabilidades

Horas más tarde, el concejal del BNG, Xosé Antón Estua, dijo que «non é de recibo que o alcalde diga que non sabía nada, e lle pida a outras administracións que se fagan cargo do erro que el cometeu». Insta al regidor a que, si quiere contribuir en la protección del yacimiento, «revise os seus actos, as licenzas de obra que se concederon». Estua considera un problema dar licencia a unas 90 viviendas en una zona donde no existe una red de saneamiento adecuada para soportar esa ocupación, alegando que también carece de accesos adecuados, por lo que advierte de los inconvenientes a los que habrían de hacer frente en caso de tener que realizarse una evacuación de emergencia.