«Si el escenario no cambia», Caminha suspenderá el transbordador con A Guarda
23 sep 2012 . Actualizado a las 03:21 h.La cuenta atrás para salvar el último ferri del Miño ha comenzado. Hace más de año y medio que se le vieron las orejas al lobo por la falta de financiación para efectuar el dragado del río. Pese a que el Concello de A Guarda ha tocado la puerta de las administraciones gallegas y estatal, nada ha cambiado hasta la fecha. Y ya solo quedan quince días.
El 15 de septiembre es la fecha límite que la alcaldesa de Caminha ha puesto sobre la mesa en la reunión celebrada con su homónimo guardés. «Si la situación no cambia, el ferri dejará de prestar servicio», aseguraba ayer la página oficial del ayuntamiento luso. Era la lacónica consigna lanzada por la regidora, Julia Paula Costa, y ratificada en la ribera gallega.
Costa recordó que la situación actual del canal no permite la navegación en las mareas bajas. De hecho, ya desde marzo se han tenido que suspender algunos trayectos. «Esto ha provocado pérdidas económicas para la Cámara de Caminha y dificultades en la gestión de los funcionarios que trabajan en el ferri», explica la regidora.
No se puede negar lo evidente aunque parece que tampoco se asume. La asociación de empresarios de A Guarda, Acigu, ha reiterado en varias ocasiones su preocupación ya que «del servicio depende el 70% de la hostelería local». Su presidenta, Carmen García Braga, aseguró hace ya un año que «no renunciaremos al ferri a no ser que construyan un puente internacional» y, de nuevo ayer, pedía información al Concello. También Ábaco defendió siempre su necesidad y las asociaciones de empresarios lusas, como la de Viana, comparan la supresión con una «auténtica amputación del tejido empresarial».
Hace pocos meses, todo el sector empresarial del sur de la provincia y el norte de Portugal mostró la inflexibilidad de su postura en defensa del transbordador, cuya pérdida provocaría unos efectos negativos que comparan con la implantación de peajes en las autovías lusas. También se produjo el respaldo de los regidores de las comarcas de O Baixo Miño y O Val Miñor, con quien comparten además el Camino Monacal a Santiago.
Hay otro estudio ambiental en ciernes, pero imposible de esgrimir a quince días vista. Asumir los 1,2 millones que supondría realizar el dragado que hasta el 2007 sufragó Caminha no es viable para las arcas municipales y, según la Dirección General de Costas, tampoco para el Estado.
El regidor de A Guarda mantiene negociaciones a todos los niveles en busca del ansiado salvoconducto. Desde el delegado del Gobierno, que ya en su día se ofreció a mediar, hasta el Gobierno central. Ahora ha convocado a la junta local de portavoces y a la mesa de comercio local para analizar la situación.