El inmueble, de once plantas y ubicado en Churruca, solo puede tener 9
08 jun 2011 . Actualizado a las 20:19 h.Antes del próximo día 20 el alcalde de Vigo deberá informar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre lo actuado para el cumplimiento de la orden de derribo de dos plantas ilegales de un edificio construido hace más de una década en la calle Churruca, muy cerca de la plaza de Portugal. Se trata de un caso antiguo en el que existe un pronunciamiento judicial desde finales del 2002; sin embargo, posteriores recursos dilataron hasta ahora la ejecución de la sentencia.
En la providencia que se le notificó al Concello esta misma semana se advierte al alcalde que si no cumple la orden judicial «se le impondrá una multa coercitiva de 300 euros», una sanción que podría incluso llegar a tener carácter periódico hasta que avance la ejecución de dicho fallo.
Aunque hasta ahora la Justicia ha obrado con lentitud, en los últimos meses parece querer recuperar el tiempo perdido. De hecho, el aviso de la multa se produce tras una providencia anterior, pero reciente, que le envió a finales de abril. En ella reconocía que «frustrados los sucesivos intentos de inejecutar la sentencia (en los últimos tres años) requiérase al Ayuntamiento de Vigo para que informe, inmediatamente, sobre el grado de demolición de las plantas» afectadas. Esto se producía después de que en el 2009 se le ordenara derribarlas a la sociedad constructora, Churruca, Vilas y Promociones, aunque no se estableció plazo para ello pero ya se preveía la ejecución subsidiaria si no la llevaba a cabo.
El edificio afectado debería tener nueve plantas de altura, pero en realidad se construyeron once. La licencia para llevar a cabo la obra data de 1997 e incluía tres sótanos, bajo con entreplanta, ocho pisos y otro más bajocubierta. La promotora intentó, sin éxito, que se aprobara un proyecto reformado para otras dos plantas más, pese a lo cual se construyeron.
A partir de ese momento se inició un litigio judicial, en este caso protagonizado por un abogado que vive en la misma zona, que incluyó la paralización de las obras y el derribo de dos plantas que además de ilegales son ilegalizables.
Indemnización
En este caso concreto el Concello podría quedar libre de culpa ya que se construyó sin licencia, pero ello no quiere decir que ignorara su ejecución. En su momento se supo que existía un informe de la Inspección de Obras alertando de la ampliación del proyecto y de varias denuncias en el mismo sentido.
No obstante, se han producido sucesivas dilaciones por parte municipal para ejecutar esta sentencia. De hecho, ya en abril del 2004 el Concello informó al Tribunal Superior que había ordenado contratar de manera urgente el proyecto de derribo, que siete años después sigue pendiente y sin fecha alguna.