Un 15% de los caballos del curro de A Valga serán sacrificados

a. martínez BAIONA / LA VOZ

VIGO

El fantasma del microchip lleva al matadero a equinos de una raza en riesgo

14 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

La tregua entre ganaderos de caballos salvajes y responsables de la Xunta ha garantizado este año la celebración de los curros. Sin embargo, hay prácticas sobre las que ya se están advirtiendo que no solo ponen en peligro este ancestral rito sino también a la población de ganado salvaje, de por sí en riesgo de extinción.

Según los datos que ayer hizo público Xilberte Manso, de la asociación SOS Groba, en el transcurso de una reunión celebrada en el centro cultural de Baíña, «preto dun 15% dos aproximadamente 200 cabalos que entraron no curro da Valga no que se abriu a tempada foron sacrificados».

El riesgo a exponerse a posibles multas ha prevalecido sobre el tiempo de espera para revisar la ley europea y conseguir la posible vía de excepcional.

Las cifras son alarmantes. La entidad explicó que, de antemano ya solo se reunieron la mitad de los equinos que de costumbre, los precios no superaron los 40 y 50 euros por ejemplar para los caballos adultos y potros respectivamente y, al terminar el espectáculo, un quince por ciento de los ejemplares fueron llevado a mataderos de Valencia y Portugal para ser sacrificados.

La situación causa gran preocupación en la zona y ayer fue uno de los temas de la reunión en la que participaron representantes de las asociaciones ganaderas y las comunidades de montes de la comarca de O Val Miñor convocados por todos los representantes del BNG de la zona. Además intervino la eurodiputada nacionalista Ana Miranda, que ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que se reclama esa vía de excepcionalidad sobre la ley de colocación del microchip para los los propietarios de caballos salvajes.

Animales que, en el caso de los de pura raza gallega, están en peligro de extinción y se concentran en la zona.

El ordenamiento y la regulación, consideran, tiene que hacerse en consenso entre las administraciones, los propietarios y las comunidades de montes vecinales, haciendo que las asociaciones de propietarios sean las responsables de los caballos de cada zona, regularicen aquellos que no tienen marco y se multe o penalice a los que no cumplan los requisitos».