El empresariado vigués no está dispuesto a que se mantenga y perdure el sistema de peajes adoptado por la Administración portuguesa para cobrar por el uso de sus autovías del norte del país. Tras haber protagonizado una ofensiva institucional acudiendo a la Unión Europea para denunciar el trato discriminatorio que supone el telepeaje luso para los conductores extranjeros, las cámaras de comercio de Vigo y Tui y la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) se unieron ayer para propiciar la creación de un frente legal contra las posibles sanciones que se deriven del impago de los peajes en el país vecino.
Los presidentes de ambas cámaras, José García Costas y Gumersindo Alonso, y el de la CEP, José Manuel Fernández Alvariño, animaron a los empresarios de la provincia a recurrir todas las multas que les sean impuestas en el país vecino por no pagar sus peajes o no portar el dispositivo automático de pago. «La cámaras de comercio y la Confederación de Empresarios ponemos nuestras asesorías jurídicas y despachos de abogados con los que trabajamos a disposición de los empresarios para recurrir las posibles multas», anunció García Costas, tras mostrarse absolutamente convencido de que dichos pleitos serán ganados en su totalidad.
Discriminación evidente
Los empresarios basaron su interpretación de la ilegalidad del sistema de peajes portugués en la discriminación que aseguran sufren los usuarios extranjeros de las autovías, al no poder acceder a las mismas exenciones y rebajas habilitadas para los empresarios y residentes en el país vecino. Los usuarios ubicados en un radio de 10 kilómetros de las autovías ahora de pago tienen derecho, si viven en el norte del país, a no pagar en los diez primeros viajes de cada mes y obtener un descuento del 15% en los demás desplazamientos.
Dicha ventaja fue expuesta por los empresarios gallegos a la Comisión Europea y a eurodiputados del PP para que se certifique la existencia de un trato de favor a los ciudadanos de un país en detrimento de los del resto de la Unión Europea.
Hasta que esa queja legal no sea resuelta, los empresarios de Pontevedra sugieren al Gobierno portugués que paralice el cobro en sus autovías del norte, además de aplicar descuentos a los transportes industriales gallegos cuando el peaje sea firme y se facilite a todos los ciudadanos de fuera de Portugal el acceso a la adquisición de los dispositivos de telepeaje.
Pago en moneda
«Creemos que es un error político y económico. No nos negamos a pagar, pero sí exigimos que los medios de pago sean efectivos», reclamó Fernández Alvariño, para quien no debe haber otra opción que poder abonar los peajes en moneda y tarjeta de crédito, al margen de otros sistemas de telepeaje como los existentes en toda Europa.
Los representantes de los empresarios de la provincia viajarán a Bruselas el próximo lunes para entrevistarse con eurodiputados del PP que ya han interpelado a la Comisión Europea sobre la legalidad de los peajes, para aportar más datos en la argumentación comunitaria contra el sistema de pago adoptado por la Administración portuguesa.
Además de los políticos españoles, el eurodiputado portugués Nuno Melo, perteneciente al CDS-PP, también ha llevado a la Cámara comunitaria la posible irregularidad de los telepeajes de su país y la incidencia negativa que estos están teniendo en las relaciones entre las dos zonas de la eurorregión en sus primeros días de uso.