Los jueces validan la ampliación del puerto vigués condicionada a otros dos informes de Fomento

E. V. Pita / L. C. Saavedra

GALICIA

Corina Porro debe extremar las garantías medioambientales del relleno

25 mar 2010 . Actualizado a las 11:34 h.

Ni luz roja, ni verde. Ámbar en todo caso. El Puerto de Vigo, según la Justicia, podrá avanzar en sus planes de ampliación de la zona del muelle de Areal -destinada a mercancía general y ahora prácticamente en desuso- siempre y cuando cumpla prudentemente con la presentación de dos nuevos informes ante el Ministerio de Fomento. En ellos deberá dar cuenta de la corrección medioambiental de la obra en cuestión, y el ministerio, a su vez, aprobar la actuación.

No se han dado plazos por parte de los jueces ni para la elaboración de estos dos nuevos documentos ni para la resolución administrativa correspondiente del Ministerio de Fomento, en el que recaerá a partir de ahora la decisión de que finalmente pueda ampliarse el puerto de Vigo en su zona central.

Un auto de la Audiencia Provincial, que responde al recurso interpuesto en su día por la Autoridad Portuaria sobre otro auto firme del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, señala que se levantará la paralización cautelar de las obras si se cumplen dos requisitos: elaborar un plan de control de los materiales de relleno que pretenden usarse y confeccionar otro informe sobre las operaciones de dragado y confinamiento de los lodos «en condiciones que garanticen la inocuidad para el medio ambiente».

Reanudación

El auto de la Audiencia Provincial desestima parcialmente el recurso de apelación que presentó el abogado del Estado en representación de la Autoridad Portuaria de Vigo. Pero también revoca parcialment e el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, del pasado 7 de enero, dejando sin efecto la medida cautelar relativa a la paralización de las obras de «mejora de la operatividad de los muelles comerciales».

De esta forma se abre la vía a la ejecución del proyecto del nuevo muelle de Areal, cuya legalidad ha insistido en defender la presidenta del Puerto de Vigo, Corina Porro, porque contaba con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente.

El juzgado vigués que ordenó parar las obras actuó a instancias de una demanda presentada por el Ministerio Fiscal, que a su vez se sostenía en una denuncia previa de colectivos ecologistas.

El auto de la Audiencia advierte de que «previamente al reinicio de las obras» deberán elaborarse los planes medioambientales, tanto en lo que se refiere a los materiales utilizados para el relleno como a las operaciones de dragado y confinamiento de los lodos.

Ambos informes de la Autoridad Portuaria de Vigo deberán ser aprobados previamente por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedes), dependiente del Ministerio de Fomento.