La revuelta vecinal de Chandebrito todavía está pendiente de juicio ocho años después de los altercados
20 mar 2009 . Actualizado a las 11:02 h.Cerca de 40 vecinos de Chandebrito están acusados de presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado y coacciones. Son las personas que lograron ser identificadas por los altercados que padeció en el año 2001 una familia que reside en esta parroquia de Nigrán.
Los imputados se enfrentan a una petición de condena por parte de la fiscal de entre nueve meses y dos años de cárcel por cada uno de los tres delitos, así como a multas y a días de arrestro domiciliario por otras faltas de daños y amenazas.
La acusación particular incrementará la solicitud de penas para intentar que, al menos los cabecillas de aquella revuelta, ingresen en prisión.
Todo comenzó por una disputa en torno al derecho de paso de un camino. Josefa Gallego Muñoz y su esposo compraron una vivienda en el barrio de Tomadas en el año 2000. La escritura de la casa especificaba que la finca estaba gravada con una servidumbre de tres metros y 25 centímetros por su lindero oeste para dar paso a personas y carros a las fincas colindantes.
Los nuevos propietarios decidieron cerrar la finca respetando la servidumbre mencionada, pero cuando comenzaron la construcción del muro, sus vecinos, José Manuel Fernández Rial y su esposa Clementina Iglesias, les exigieron una servidumbre de cuatro metros de ancho y el asfaltado para poder pasar los coches. Interpusieron denuncias en el Ayuntamiento de Nigrán, precisamente en el departamento de Urbanismo donde trabaja la hermana de Clementina, Carmen Iglesias, que también está acusada. Las denuncias derivaron en la demolición de parte del muro.
Fotografías
Josefa Gallego reaccionó presentando al entonces alcalde, Manuel Rial Cadaval, fotografías de decenas de irregularidades urbanísticas cometidas en Chandebrito y en otras zonas del Ayuntamiento, exigiendo el mismo celo por el cumplimiento de la legalidad urbanística que emplearon con ella.
El regidor tramitó aquellas fotografías como si fueran denuncias y así comenzó el calvario de Josefa Gallego, que comenzó a recibir amenazas por parte de sus convecinos.
Insultos, pedradas, petardos, amenazas, movilizaciones vecinales en la puerta de su casa fueron las situaciones que tuvieron que aguantar durante meses y que les hizo incluso temer por su propia integridad física. En una ocasión tuvieron incluso que salir escoltados de su domicilio por un pasillo de guardias civiles.
Los acusados tendrán que sentarse en el banquillo. Tras ocho años, el juicio aún no se ha celebrado porque el elevado número de acusados ralentiza el proceso. La petición de abogados de oficio ha retrasado el caso, pero los presuntos delitos no han prescrito y la acusación particular quiere llegar hasta las últimas consecuencias.