El titular del juzgado de Contencioso Administrativo número uno de Vigo tramita una demanda que pide el cierre de la planta depuradora del Lagares, una medida que implicaría también la imposibilidad de construir en la misma zona una estación más moderna. La demanda fue presentada el pasado año y se encuentra ya en fase avanzada; de hecho, el pasado martes se celebró la prueba testifical y si el resto del proceso mantiene el mismo ritmo el fallo podría conocerse a lo largo de la próxima primavera.
La denuncia de los vecinos se basa principalmente en dos hechos: que la depuradora carece de licencia de apertura y que incumple el reglamento de actividades molestas, que fija para este tipo de instalaciones una distancia de las viviendas de al menos 2.000 metros. Obviamente, los afectados por la planta intentan demostrar en el juzgado que la planta afecta gravemente a sus vidas, para lo cual testificó también el martes Luis Alfonso Rodríguez, profesor de Microbiología de la Facultad de Ciencias del campus de Ourense.
Paralelamente, los denunciantes quieren dejar claro que actualmente las depuradoras ya no se construyen en las ciudades ni tampoco junto a cauces de agua, siendo la ubicación más adecuada los polígonos industriales.
El testimonio de los vecinos y de este experto fueron los únicos que pudo escuchar el juez ya que tanto el Concello como Aqualia, contra los que se dirige la denuncia, se limitan en la defensa de la instalación a presentar documentación escrita.
La depuradora del Lagares entró en servicio a mediados de 1997 y un año después la Xunta transfirió su gestión al Concello, que a su vez contrató la explotación con Aqualia, empresa encargada del abastecimiento de agua y el saneamiento de Vigo. Desde entonces los problemas han sido constantes, debido principalmente a los olores que genera en la zona. Las obras de mejora y su ampliación aminoraron de alguna forma las consecuencias, aunque ni mucho menos en su totalidad.
Por parte del Concello se aduce que la instalación es supramunicipal y fue construida por la Xunta, por lo que no precisa licencia. También justifica su ubicación a escasa distancia de las viviendas. Sin embargo, hace pocos meses se confirmó la ilegalidad de la depuradora de Ourense y se ordenó su cierre.