La relación de implicados podría publicarse después del verano si no asumen su responsabilidad política
12 ago 2008 . Actualizado a las 13:05 h.Si algunos no se dan por aludidos, el alcalde de Vigo está dispuesto a publicar una lista de los responsables de licencias urbanísticas sobre las que pesan sentencias de anulación acompañadas de indemnizaciones millonarias. «Si se olvidan, se lo tendremos que recordar», aseveró Abel Caballero, quien dejará para después del verano tamaña amenaza que, por cierto, afecta a todos los partidos políticos, incluido el suyo.
«Todos los que dieron licencias que han sido anuladas por los tribunales tienen que asumir su responsabilidad política, tanto alcaldes, como responsables de Urbanismo, porque el Concello no tiene capacidad financiera». Lo que de momento no quiso decir Caballero es la forma en que se deben asumir esas responsabilidades políticas, algo que también deja para después del verano.
Sobre la decisión que se adoptará con la Colina de Castrelos, tras la sentencia del Supremo que confirma su demolición total o parcial, el alcalde opina que tendrán que legalizarla porque no se puede afrontar el derribo. «Indemnizar a los afectados sería una catástrofe económica para el Concello». En principio, piensa esperar por la respuesta de la Consellería de Cultura y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a la propuesta de adaptación al entorno, enviado en su día a ambos organismo por el anterior gobierno municipal.
Muchos casos
La sentencia del edificio del Piricoto es solo un caso de los muchos existentes en el Concello vigués con orden de derribo, la mayoría, pendiente de cumplir. Chalés en la playa de Canido, apartoteles en Samil, viviendas en Rosalía de Castro, torres Ifer, Finca do Conde, inmueble de Jacinto Benavente, son solo algunos ejemplos.
En total, suponen casi dos mil viviendas, que amenazan con bancarrota al Concello si el nuevo Plan Xeral de Urbanismo, que entra en vigor el día 25, no consigue legalizar.
Otras corrieron peor suerte y no pudieron esperar. Generalmente se trata de inmuebles más pequeños que los que en la actualidad esperan su legalización. Es el caso de la construcción que se derribó entre las playas de Fontaína y el Vao.
El más reciente es el inmueble de una familia de San Paio, que se echó abajo recientemente tras varios intentos fallidos y que creó una gran polémica al encontrarse sus propietarios en una situación delicada.s