El jurista estrella del Plan Xeral pierde un pleito contra el Concello

VIGO

13 jul 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo ha desestimado la demanda interpuesta por el abogado Enrique Sánchez Goyanes contra el Concello vigués, al que reclamaba algo más de 90.000 euros por asesoramientos realizados desde el año 2002.

El fallo judicial, que puede ser recurrido, rechaza sus pretensiones al estimar que no ha rendido cuentas de cerca de 150.000 euros que recibió en este período como provisión de fondos. Por este motivo cree que la demanda «podría ser calificada como temeraria», aunque el juez también censura el comportamiento del Concello «pues una vez presentada omite toda tramitación a pesar de constarle la provisión de fondos, de los que no ha exigido justificación ni regularización» en el tiempo transcurrido».

Sánchez Goyanes fue contratado como asesor del Concello en el año 2000, durante la etapa del alcalde nacionalista Lois Pérez Castrillo. Goyanes fue presentado por el concejal de Urbanismo, Xabier Toba, como la persona llamada a garantizar la seguridad jurídica del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que en aquellas fechas comenzaba a elaborarse. También se le encargó la defensa de los proyectos urbanísticos con licencias anuladas o denunciadas para ganar tiempo hasta que el nuevo planeamiento urbanístico estuviera en vigor.

Debido a ello Goyanes trabajó estrechamente con Consultora Galega, la empresa que elaboró el Plan Xeral de Ordenación Municipal, y participó en jornadas sobre urbanismo organizadas por el Concello, donde siempre recibió elogios profesionales de Toba.

Durante su etapa de asesor municipal percibió por su labor profesional 233.000 euros, en su mayor parte por la defensa judicial del alcalde y cuatro altos funcionarios ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de malversación de fondos.

Encargos

Con posterioridad a estos cobros el Concello de Vigo advirtió de que «no estaba descontando en las facturas el importe de las provisiones de fondos y además no existía constancia de la efectiva realización de los encargos».

El juez considera probado que el nombramiento de Goyanes fue irregular, lo cual le produce sorpresa «dada la alta cualificación profesional de los afectados». Se debe al hecho de que se realizaron «contratos verbales» y a la inexistencia de un contrato administrativo que detallara las condiciones.