Europa prohíbe a las operadoras controlar las descargas en Internet

bruselas / efe

SOCIEDAD

La sentencia recuerda que la protección de la propiedad intelectual está consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

25 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminó ayer que un juez no puede obligar a una empresa proveedora de Internet a controlar de forma masiva las comunicaciones electrónicas de sus clientes para proteger los derechos de autor. Según el tribunal comunitario, con sede en Luxemburgo, un requerimiento de ese tipo violaría la legislación comunitaria y el «justo equilibrio» entre «el derecho de propiedad intelectual» y «la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones».

Los jueces europeos han respondido así a la consulta de un tribunal belga, que debe fallar en un caso entre la sociedad de gestión de derechos de autor del país y el proveedor de Internet Scarlet, al que un juez en primera instancia solicitó que instalase filtros para evitar la descarga de contenidos protegidos.

Según el alto tribunal, el derecho nacional debe regular la acción de los titulares de derechos de propiedad intelectual contra los intermediarios y proveedores de la Red usados por terceros para vulnerar esos derechos, pero siempre dentro de «las limitaciones previstas por el Derecho de la Unión».

En concreto, la directiva comunitaria sobre el comercio electrónico estipula que las autoridades nacionales «no deben adoptar medidas que obliguen a un proveedor de acceso a Internet a proceder a una supervisión general de los datos que transmita su red», según señala el organismo en un comunicado.

El Tribunal de Justicia de la UE considera que el requerimiento judicial belga «impondría una supervisión general incompatible sobre el comercio electrónico» y «no respetaría los derechos fundamentales aplicables», añade.

La sentencia recuerda que la protección de la propiedad intelectual está consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.