Son mayoritariamente mujeres y el 61% de ellas proceden de otros países
04 nov 2010 . Actualizado a las 02:51 h.Más de medio millón de personas, en su mayoría inmigrantes, que trabajan en el empleo doméstico en España forman parte de la economía sumergida, puesto que desempeñan su labor sin contrato y no cotizan a la Seguridad Social, según el informe Mujeres inmigrantes andinas: contexto, políticas y gestión migratoria, presentado ayer por Intermón Oxfam.
La Encuesta de Población Activa (EPA) revela que en España hay 895.000 hogares que emplean a alguna persona en labores domésticas, pero solo 295.00 (alrededor del 33%) están dadas de alta en el régimen especial de la Seguridad Social como tales. Además, el 93% son mujeres, y el 61% de ellas, extranjeras.
Este estudio, que se centra en las mujeres procedentes de los cuatro países andinos (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia), resalta que los derechos de las mujeres inmigrantes empleadas en este sector son vulnerados sistemáticamente por sus empleadores y por las instituciones, puesto que su poder de negociación está anulado, porque en su mayoría están de manera irregular en el país y temen ser expulsadas en cualquier momento.
«Las personas que no llegan legalmente no pueden exigir sus derechos por temor a que las saquen del país, y se exponen a la explotación. Solo tienen derecho a esconderse», según el testimonio de Julia, una trabajadora peruana del hogar que aparece en dicho informe.
Según denunció Mónica Coronas, coordinadora global del programa Abriendo Mundos, de Intermón Oxfam, estas trabajadoras sufren «una triple discriminación, por ser mujer, inmigrante y empleada doméstica». Paradójicamente, esta situación se produce cuando ellas son motor de desarrollo en sus países de origen y, además, piedra angular del crecimiento económico en los lugares de destino.
«Nosotras no estamos en el régimen general. Si nos quedamos embarazadas, no tenemos derecho a estabilidad laboral», asegura Donatilda Gamorra, trabajadora doméstica y activista de esta oenegé. Según advirtió, la mayoría solo cuentan con un contrato verbal y pueden ser despedidas en cualquier momento sin derecho a cobrar el paro. Además, tienen que afrontar todo tipo de exigencias, ya que se ven sometidas a una «esclavitud voluntaria» por tener que mandar dinero a sus familias en su país de origen.
Además, las mujeres son quienes envían mayores y más constantes remesas de dinero a sus familiares. Según este estudio, realizan el 60% de las transferencias, a las que destinan el 40% de su salario, mientras que los varones solo envían cifras cercanas al 14% del dinero que perciben.
Por todo, ello reclaman una equiparación de derechos laborales respecto al resto de la población activa y una mayor protección para las extranjeras.