Denuncia que lleva 25 meses esperando la ayuda de la ley de dependencia para su madre, de 90 años
SOCIEDAD
El 16 de julio del año 2008 comenzó el periplo de José Pérez, que lleva 25 meses esperando que le concedan a su madre lo que por derecho le corresponde hace ya más de un año. Matilde, de casi 90 años de edad, sufre una minusvalía física reconocida. Su dependencia es de grado 3 nivel 1, lo que supone uno de los más altos. Ingresada en un centro privado para la tercera edad, la familia lleva pidiendo la libranza vinculada a la adquisición de un servicio [una ayuda para pagar la residencia] más de dos años sin haber percibido nada hasta la fecha. Y la ley de dependencia establece a la hora de conceder las ayudas un máximo de 12 meses, tiempo que Matilde ya dobló sobradamente. Su hijo José decidió escribir al Valedor do Pobo, que le respondió en numerosas ocasiones a lo largo de los años 2009 y 2010, haciéndole saber que nadie le daba una solución. Incluso en uno de los escritos «mezclaron expedientes», asegura José.
Tras todo este período sin recibir respuesta, José resolvió escribir al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo. El presidente le aseguró que su caso había sido trasladado a la Consellería de Traballo e Benestar, pero el afectado sostiene que «tampoco hicieron caso a su presidente». «Desde la consellería me están pidiendo constantemente que justifique las mismas facturas», alega José, quien también manifestó que a día de hoy todavía no ha recibido ninguna respuesta oficial por parte de la Xunta, pues «dicen que el Gobierno central no les envía dinero. Entonces, ¿a quién demandas?». Con el PIA (plan de atención) aprobado desde el pasado 24 de junio, José todavía no ha visto un euro de las ayudas prometidas. Por eso mismo, el hombre señala que «las leyes están para cumplirse. Si el plazo para que den las ayudas a la dependencia es de 12 meses como máximo, no pueden tardar 25» y seguir sin solución.
Respuesta oficial
Traballo sostiene que «se está trabajando para agilizar la tramitación de la ley de dependencia». A pesar de que el personal no está autorizado a ofrecer datos de ningún caso concreto, la consellería apunta que se inyectaron «5,2 millones de euros para atender solicitudes».