Las comunidades populares exigen a Trinidad Jiménez la retirada de los dos decretos que desarrollan la norma
01 jun 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Partido Popular interpondrá hoy mismo en el Tribunal Constitucional su recurso contra la ley del aborto, después de que ayer las comunidades en las que gobiernan los conservadores reclamaran a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que retire los decretos que desarrollan esta legislación, informa Efe.
La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, tras participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, apuntó a que con la tramitación de esta norma «teñen prevalecido os intereses políticos nun tema de tan alto calado como o aborto, cunha lei sen garantía para os profesionais na práctica asistencial, e sen garantía para as mulleres de que se faga nas condicións axeitadas». La titular del departamento sanitario en Galicia hizo hincapié en la defensa de los trabajadores sanitarios, ya que no existen garantías para ellos, advirtió.
El secretario xeral de la consellería solicitó en la comisión permanente, al igual que el resto de las comunidades del PP, que se retirasen del orden del día los dos decretos que desarrollan la ley del Aborto, y la propia Pilar Farjas se lamentó de que la ministra haya hecho uso de la prerrogativa que tiene como presidenta del Consejo Interterritorial para abordar los dos decretos, «dos que non hai informe económico nin informe da comisión de prestación do SNS».
La conselleira entiende que se trata de una ley inconstitucional que no fue tratada en el ámbito sanitario, pese a que se solicitó en el propio consejo.
Una de las principales críticas es la inseguridad jurídica que crea a los facultativos, al decidir ellos si las menores de 16 y 17 años pueden abortar sin informar a sus padres. La propia ministra, informa Efe, aclaró que precisamente la nueva ley da una mayor seguridad a los profesionales, ya que son ellos los que pueden valorar con mayor rigor la situación de las menores que quieren abortar.
Sigue el desarrollo
Trinidad Jiménez garantió que el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se presentará en plazo antes de su entrada en vigor, prevista para el 5 de julio.
La ministra negó que la aplicación de esta ley implique un gasto adicional para la sanidad, al ser una prestación que ya existía en los centros públicos, y recordó a los populares que su trabajo como responsable del ministerio es precisamente desarrollar el texto legislativo. Jiménez concluyó recordando que la ley hace hincapié en la prevención, la información y la planificación.