El Gobierno creará una agencia de financiación para garantizar el máximo control sobre los fondos estatales
08 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Tras dos años de preparación, el Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que pretende evitar la fuga de cerebros a otros países y consolidar a España entre los países con mayor producción científica. El texto, que sustituirá una ley de 1986, pasará al Parlamento, donde podrá sufrir cambios.
Una de las novedades es que los investigadores predoctorales, que hasta ahora tenían una beca de dos años sin cotización ni derecho a paro, más otros dos años de contrato, pasarán a cotizar con los derechos de cualquier trabajador desde el primer año. Además, se establece un nuevo contrato de acceso al sistema que, tras la segunda evaluación y al cabo de cinco años, se convierte en indefinido. Esta vía laboral desemboca en el funcionariado.
La nueva norma contempla la creación de la Agencia Estatal de Investigación, que se encargará de gestionar los fondos estatales y ayudas en busca de una mayor eficacia para la asignación de dinero destinado a este sector. También prevé más y mejor cooperación entre la Administración central y las autonómicas, y entre España y los demás países europeos, así como un mayor impulso a la inversión privada en I+D, mediante incentivos fiscales del mecenazgo.
En este aspecto, otra intención es mejorar una de las carencias del sistema español de I+D+i: la cooperación entre agentes públicos y privados. Para ello, prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración para realizar conjuntamente proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, creación o financiación de centros, u otras acciones de formación.
Entre las novedades del texto también figuran las medidas que deberán adoptar los agentes de financiación para promocionar los centros y unidades de excelencia. Se trata de avanzar en un modelo capaz de incentivar a los grupos de investigadores con mejores resultados científicos.
Asimismo, el proyecto contempla que las administraciones públicas tengan, por ley, el deber de fomentar actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia. El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica incluirá medidas para fomentar su divulgación, así como la de museos y planetarios, además de contemplar la protección del patrimonio científico y tecnológico histórico.
También se creará el Comité Español de Ética de la Investigación, que se ocupará de la ética profesional y de los conflictos de intereses entre las actividades públicas y las privadas.
Mientras que el portavoz del PP en la Comisión de Ciencia del Congreso, Gabriel Elorriaga, aseguró ayer que el consenso «es posible y deseable», la Confederación de Sociedades Científicas de España valoró negativamente el texto, por considerarlo inadecuado para el sistema español. El proyecto ha sido contestado por las universidades y rechazado por los sindicatos, por la negativa a incluir carreras profesionales para tecnólogos y gestores del sistema de ciencia.