El Gobierno ha decidido este año revisar un convenio con la Confederación de Personas Sordas (CNSE) que en la práctica supone la reducción en un 20% del número de intérpretes de lenguaje de signos que había en Galicia. La federación gallega que agrupa a las personas con sordera, FAXPG, considera inasumible esta situación, que conlleva la cancelación de unos 1.800 servicios.
Feliciano Sola, presidente de la FAXPG, explica que «en Galicia la federación ofrece a las personas sordas 15 intérpretes de lenguaje de signos, de los que 3 están cofinanciados por el Gobierno de España», que aporta unos 54.000 euros anuales a este concepto.
Este año, el Gobierno ha decidido no prorrogar el convenio en vigor y según explicó al colectivo el director general de Discapacidad se pretende buscar otras alternativas, como la contratación directa, por parte del Estado, de los intérpretes. Sin embargo, desde la CNSE y desde la FAXPG recalcan que la solución no va a tener carácter retroactivo, por lo que el tiempo que falten en Galicia los intérpretes no se recuperará. Según Feliciano Sola, «en Galicia cada intérprete atiende unos 600 servicios al año, por lo que si faltan tres se anularán 1.800 servicios». En Galicia, la FAXPG coordina unos 9.000 servicios anuales, muchos de los cuales son trámites de las personas sordas ante la Administración (y necesitan por tanto ayuda para hacerse entender).
Un derecho ajeno a la crisis
Para la CNSE, «la mala coyuntura económica no puede ser, en ningún caso, un argumento para dejar de ofrecer unas prestaciones que facilitan la participación en sociedad a miles de españoles y españolas», concluye en su comunicado.
Por su parte, Sola Línea recuerda que la FAXPG dispone del certificado ISO 9001 sobre el servicio de intérpretes, lo que da idea de la calidad de la atención, pero que también tiene sus obligaciones, como la limitación de las horas extras de los traductores contratados. Además, recuerda que está en vigor la Ley 27/2007, según la cual las lenguas de signos en España son oficiales.