educación El Congreso rechaza dar la condición de autoridad pública a los profesores

Solo la diputada Rosa Díez, de Unión, Progreso y Democracia, apoyó la proposición de ley que ayer defendió el PP en el pleno del Congreso de los Diputados, que pretendía cambiar la ley para que los profesores sean considerados autoridad pública, condición que permitiría tipificar como atentado las agresiones que sufren de padres y alumnos. Los demás grupos parlamentarios rechazaron dicha propuesta no porque sea negativa en sí, sino porque es un tema capital que se está negociando en el pacto de Estado de Educación que actualmente intentan consensuar. Por eso, los votos de PSOE, CiU, PNV, ERC-IU y gran parte del Grupo Mixto sumaron 189, 40 más que los apoyos que recibió el PP.

En la defensa de su posición, el diputado popular Juan Antonio Gómez Trinidad resaltó que España es el país de la OCDE donde más ha descendido la valoración social de la educación y de la profesión docente. Y con objeto de «avanzar hacia un sistema educativo de calidad, es una condición indispensable disponer de un profesorado con autoridad en las aulas y reconocido socialmente», señaló.

En cambio, la diputada socialista Cándida Martínez insinuó que la proposición del PP podría «dificultar la posibilidad de un pacto», porque «no es oportuna ni surge en el mejor momento para trabajar en pos del acuerdo».

Martínez insistió en que no compartía el reducir el concepto de autoridad docente al ámbito penal, porque es una tendencia peligrosa. Y se preguntó si lo que pretende el PP es «calificar como delito la desobediencia de un alumno». Y se respondió: «Con estas propuestas no se aumenta la dignidad del profesorado; lo único que se aumentan son las penas».

La portavoz de los nacionalistas catalanes, Mercedes Pignen, y el de los vascos, Aitor Esteban, coincidieron en señalar que la propuesta popular no cuenta con el consenso de la comunidad educativa y que no es necesaria la modificación de la LOE para conseguir efectos ya logrados, gracias a la decisión de la Fiscalía General del Estado y a diversas sentencias del Supremo al calificar como delitos las agresiones a los profesores. El sindicato de profesores ANPE considera esta votación una oportunidad perdida».