El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, anunció ayer en Ourense que la próxima semana 57 personas de esa provincia comenzarán a recibir un sueldo por cuidar a un familiar dependiente, lo que Vicepresidencia denomina libranza do cuidador. Serán las primeras de Galicia en recibirlo, cinco meses después de las previsiones de la Xunta, que apuntaban al pasado diciembre como fecha lógica para comenzar a recibir las prestaciones económicas que recoge la ley de dependencia. A los 57 ourensanos se les sumarán en unas semanas 263 gallegos más y ya hay, según fuentes de Vicepresidencia, unas 1.400 personas en la última fase del proceso para ser cuidadores familiares.
Estos gallegos recibirán la prestación económica por haber dejado de trabajar (o no haberlo hecho nunca) para cuidar a un familiar o amigo con un gran nivel de dependencia. El sueldo oscila entre 500 y 600 euros al mes y con el primer pago recibirán los atrasos de este salario desde el momento en que solicitaron la ayuda; como casi la totalidad de los que reciben ahora el dinero entregaron la petición el pasado mes de mayo o junio, lo mínimo que cobrarán serán unos 4.000 euros en esta primera paga.
Al final, 11.000 cuidadores
Las 320 personas de esta primera tanda apenas suponen el 3% de quienes cobrarán este salario informal, que en la Xunta cifran en 11.000 personas, aunque el objetivo es que baje conforme haya residencias y centros de día para los dependientes. Hay que recordar que el espíritu de la ley no es pagar a los ciudadanos para que dejen de trabajar y cuiden a sus mayores y enfermos. De lo que se trata es de que la dependencia de una persona no limite su vida y la de toda su familia; por eso el Estado debe ofrecer servicios suficientes a los que se hallan en esta situación.
El 57%, valorado
El proceso para valorar cada caso, determinar qué grado de dependencia sufre y a qué servicios puede optar es aún muy largo. Sin embargo, las cifras que ofrecía ayer en Ourense el vicepresidente de la Xunta eran positivas: en Galicia se presentaron unas 43.500 solicitudes desde que entró en vigor la ley de la dependencia (el 1 de enero del 2007); de estas ya hay 25.000 valoradas, que son las que determinan el grado de dependencia. La ley solo obligaba a tener valorado el primer año al grupo más grave, el de los grandes dependientes, que en Galicia está formado por unas 16.500 personas. Entre este año y el 2010 se debe incluir a los más o menos 30.000 gallegos que sufren un grado severo de dependencia; finalmente, entre el 2011 y el 2014 se sumarán a los servicios y prestaciones de la ley los dependientes de grado moderado.
Claro que estos son los datos de la Xunta, porque tanto los trabajadores sociales como las asociaciones de colectivos afectados consideran que el proceso es muy lento y, sobre todo, complicado de entender, tanto que los solicitantes -a menudo gente mayor que tiene problemas para desplazarse a las oficinas- se desesperan y algunos ni terminan el proceso.