La normativa comunitaria que velará por los valores medioambientales, económicos y culturales del territorio entra hoy en vigor. El Convenio Europeo del Paisaje obliga a las Administraciones a proteger no solo los espacios naturales emblemáticos, sino también los urbanos, periurbanos, subacuáticos o agrarios, tanto si son excepcionales como si son cotidianos.
El tratado fue adoptado en el 2000, aunque España no lo ratificó hasta el año pasado. Sus artículos obligan a que las políticas que incidan en el territorio, como las de urbanismo, infraestructuras, aguas o costas tengan en cuenta todos los paisajes, que se convierten en un derecho del ciudadano.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de ejecutar las directrices del nuevo convenio y, aunque todas las autonomías han realizado actuaciones de protección, solo Cataluña y la Comunidad Valenciana han aprobado sus propias leyes del paisaje. Galicia tiene actualmente en tramitación la Lei da Paisaxe, impulsada por la Consellería de Medio Ambiente, basada en los principios de la norma europea.
El convenio obliga a los países a garantizar la participación pública en las políticas que afecten a los paisajes y adoptar medidas de sensibilización y formación. Precisamente, España es uno de los países europeos que aún carecen de la titulación de arquitecto paisajista, una especialidad clave a la hora de articular las políticas de protección del territorio. Esta carrera está implantada desde hace años en los países del centro y norte de Europa, y también en Portugal, donde comparte materias con otras disciplinas como Geología, Geografía o Biología.
En Galicia, la Fundación Juana de Vega puso en marcha un Máster en Arquitectura del Paisaje en colaboración con las universidades de A Coruña y Santiago. Estos estudios están incluidos en el Consejo Europeo de Escuelas de Arquitectura del Paisaje y, por lo tanto, reconocidos en el ámbito europeo.