La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ha confirmado el sobreseimiento del caso de las presuntas sedaciones irregulares en el servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés ha levantado un sinfín de críticas y peticiones de dimisión hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el que era en aquellos momentos consejero de Sanidad, Manuel Lamela.
El auto judicial, firme y contra el que no cabe recurso, ratifica el archivo de la causa decidido en junio pasado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés y, además, ordena que se suprima toda referencia que existiera en la sentencia a la posible mala práctica de los médicos denunciados.
El primero en exigir a los responsables del Gobierno autonómico madrileño disculpas y rectificaciones fue el doctor Luis Montes, destituido como coordinador de urgencias de hospital por las supuestas malas prácticas de los médicos que componían su equipo, todos ellos acusados de haber provocado la muerte de cerca de 400 pacientes por sedaciones exageradas a enfermos terminales.
«Esperanza Aguirre debe pedir perdón públicamente a los usuarios»; «por mi parte, el perdón no va a existir»; «ha llegado el tiempo de las reparaciones»; «igual que hubo una campaña de acoso por parte de la Consejería de Sanidad, debe haber ahora otra para reparar los daños» y «es la mayor agresión que se ha producido a la sanidad pública y son unos hechos que han provocado la pérdida de confianza de los usuarios y el desprestigio de la sanidad pública» fueron algunas de las afirmaciones realizadas ayer en rueda de prensa por el doctor Montes. Este aseguró que los profesionales afectados presentarán «denuncias y querellas tanto individuales como colectivas».
Volver a su puesto
El doctor Miguel Ángel Vara, otro de los acusados, exigió a Aguirre que oferte la posibilidad a todo el que quiera de volver a su puesto de trabajo, incluido al doctor Montes, único médico que continúa desempeñando su profesión en el centro sanitario madrileño, pero en otro puesto. Otra de las fuertes críticas a los responsables sanitarios la protagonizó el ministro de Sanidad, Bernat Soria, quien pidió a Esperanza Aguirre que «pida perdón públicamente» a los profesionales afectados. «A estos trabajadores se les acusó sin causa suficiente por una práctica irregular con resultado de muerte. Y ha sido el juez el que ha archivado el caso y ha dicho que no hay razón para seguir con este procedimiento», indicó.
«Por ello, puesto que hubo gestores políticos que hicieron acusaciones sin base a profesionales del Sistema Nacional de Salud, les pido a Aguirre y sus consejeros que les pidan perdón públicamente», resaltó el titular de Sanidad.
Las peticiones de dimisión llegaron por parte de los políticos de la oposición madrileña y de las asociaciones sanitarias. Así, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, dijo que el que fue consejero de Sanidad cuando se produjeron las denuncias, Manuel Lamela, «deberían asumir la responsabilidad de la calumnia e insidia» contra el hospital Severo Ochoa. En esta misma línea se expresó la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad se limitó a afirmar: «No podemos sino alegrarnos de que no haya habido mala praxis», para añadir que ella no tiene nada contra ninguno de los inculpados. Además, el actual consejero de Sanidad, Juan José Güemes, descartó que los médicos afectados vayan a regresar a su puesto.