Sin fecha definida para la puesta en marcha del servicio de monitores del Plan Concilia en el colegio Barrié de la Maza. Es la conclusión que ayer arrojó el pleno extraordinario de la corporación municipal de Santa Comba, celebrado por espacio de tres horas y media a instancias de la oposición.
En la sala un grupo de madres afectadas pertenecientes a la Asociación de Nais e Pais de Alumnos, portando sendas cartulinas reivindicativas exigiendo la puesta en marcha «xa» del Plan Concilia para sus hijos, salieron prácticamente como entraron, aunque antes la presidenta del Anpa, Teresa Antelo, pudo intercambiar pareceres con el regidor, Miguel Pérez.
Según quedó de manifiesto ayer en el pleno, no parece que el procedimiento administrativo seguido fuese el más correcto, lo cual explicaría su retraso, aunque lo peor vaya a ser que el gobierno bipartito, casi que asume la posible pérdida de una subvención de 37.000 euros, ya que a día de hoy semeja imposible justificar que se hayan puesto en marcha en septiembre los programas denominados Bos Días, y Tardes Divertidas.
El alcalde Miguel Pérez no despejó la incógnita y solo aludió a la posibilidad de que fuese el mes que viene. La oposición acusó de irregularidad el pago de una factura de 30.000 euros por dicho servicio el pasado curso a la misma empresa, y haciendo caso omiso a los reparos de la Intervención municipal, siempre según la oposición.
La oposición, de hecho, criticó que la empresa Ágora Aberta justificase un gasto de 1.800 euros por cada monitor, cuando en realidad solo abonaba unos 800 euros.
Además, dentro del concurso para la adjudicación del servicio se le invitó a participar a un total de tres empresas del sector, todas curiosamente interrelacionadas entre sí, lo cual alimenta las sospechas de la oposición, si bien este asunto deja a las claras las importantes diferencias existentes entre los dos socios del bipartito.
El otro gran asunto -la polémica por el embargo contra los terrenos del matadero de A Pereira-, apenas tuvo acogida entre el gobierno xalleiro que se dedicó a defenderse como podía de los ataques de la oposición, quienes instaron al regidor a rescatar la concesión por incumplimiento, así como a iniciar medidas judiciales contra la entidad o personas que cobraron el seguro de indemnización por los daños del incendio, levantando así el embargo que pesa las instalaciones. Creen que no valen las declaraciones de intenciones, sino los hechos y el sentido de la responsabilidad.