La capital y su entorno concentran el 13% de los expedientes abiertos por Cultura en el 2007 contra ayuntamientos
29 abr 2008 . Actualizado a las 02:00 h.En apenas 10 meses, la Xunta endosó al Concello de Santiago tres procesos sancionadores por sendos daños al patrimonio histórico. Los expedientes, todos ellos acompañados de sus respectivas penas económicas, fueron incoados entre el 29 de enero y el 17 de octubre del 2007. Sin embargo, no han trascendido hasta ahora, cuando el Gobierno autónomo, a petición del diputado popular Ignacio López-Chaves, acaba de publicar en el Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) un informe de las inspecciones en este ámbito llevadas a cabo durante el año pasado.
Ese dosier, emanado de la consellería al cargo de la nacionalista Ánxela Bugallo, enumera 75 intervenciones contra 52 administraciones locales efectuadas a lo largo del ejercicio anterior. El documento comienza explicando que, «en xeral», dichas actuaciones se deben «ao outorgamento de licenzas ou á realización de obras en bens integrantes do patrimonio cultural ou no seu contorno sen a autorización previa, preceptiva e vinculante da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural».
De las referidas a Compostela, la más reciente encuentra su origen en la excavación de una zanja dentro del área de protección del castillo medieval de A Rocha Forte. Al entender que la responsabilidad del problema corresponde al Ayuntamiento, el bipartito decidió sancionarlo con 30.000 euros. No comparte el criterio la parte castigada. Muy al contrario, consultada ayer al respecto, la edila de Urbanismo, Mercedes Rosón (PSOE), lo calificó de «absolutamente indignante».
«Ya hemos recurrido el expediente -añadió- porque no aporta una sola prueba de que hayamos sido nosotros los culpables». «Antes de acusar, hay que demostrar», sentenció la socialista, que no se brindó a precisar quién debería haber sido reprobado por este asunto, más allá de señalar hacia el sector de las empresas privadas de prestación de servicios.
Fenosa y la línea al Gaiás
Su compañero al frente del departamento de Obras, Bernardino Rama, aclaró a posteriori que Unión Fenosa, efectivamente, había ejecutado trabajos junto a la fortaleza al objeto de retirar una torreta de alta tensión y de enterrar tanto la línea existente como otra con destino al macrocomplejo del monte Gaiás. Coincidió con Rosón, no obstante, en sostener que carece de sentido multar a la administración municipal.
Los otros dos correctivos de Patrimonio a Raxoi vienen a añadir un nuevo episodio a lo que hasta el momento era solo un culebrón de desencuentros entre altos cargos, sucesivos proyectos de reforma anulados, rehabilitaciones paralizadas y un lustro de tiempo perdido: la remodelación de la calzada de Sar. Ahora, gracias al balance difundido por el BOPG, se sabe que el serial, amén de todo lo anterior, tiene algo más, y por partida doble.
Porque hace hoy 15 meses la consellería demandó al Concello el abono de 10.000 euros en reacción a un movimiento de tierras que sus técnicos habían detectado allí, en plena vía. Al poco, el 28 de marzo, le exigió el pago de 15.000 a mayores, entonces a causa «da construcción dunha beirarrúa directamente encima da calzada».
Los tres procesos abiertos al Ayuntamiento santiagués, añadidos a los emprendidos por Cultura contra los de Ames, Melide, Negreira, Padrón (dos), Rois y Santa Comba, suman diez y sitúan a la capital y los municipios de su entorno al frente del ránking gallego de infracciones de esta clase. Ese número de faltas formalmente identificadas representan un 13,3% del global contabilizado en el conjunto de la comunidad autónoma en el 2007 y prácticamente la mitad de las registradas dentro de la provincia coruñesa.