Gerardo Conde Roa no ha saldado todavía su deuda económica con el Ayuntamiento, expresamente la que tiene por el impuesto de bienes inmuebles la empresa Geslander -de la que es administrador único- como promotora de 47 viviendas de protección oficial en Volta do Castro. Lo hará de inmediato, después de escenificar ayer su intención ante toda la corporación. El edil popular puso a disposición del alcalde un talón de 7.534 euros por los 47 recibos que le reclamaba el Concello, para que cancele «la supuesta deuda y lo ingrese, si es preciso, en la cuenta municipal».
El líder opositor tuvo que hacerse cargo él mismo, sin embargo, de dicho cheque, al declinar hacerlo tanto el alcalde como el secretario y remitir al edil a los servicios de Intervención para su entrega. Pero finalmente, Roa no hará ese ingreso de forma directa, según fuentes del grupo, sino a través de un aval, toda vez que piensa recurrir el devengo de dicho impuesto.
Así lo avanzó en el pleno al tiempo que indicaba que formulará también una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento por la demora con que, denuncia, se tramitó la licencia de primera ocupación de dichas viviendas. Conde Roa no solo entiende que no le corresponde a él hacer frente a un pago que no se le reclamaría si el Ayuntamiento hubiese resuelto con diligencia esa licencia, sino que sostiene que la notificación de dicho impuesto es nula de pleno derecho al no aportar el valor catastral de los inmuebles en cuestión y por tanto limitar sus posibilidades para recurrir los importes de los recibos.
Desprestigio
En la tramitación de esa licencia fue donde centró su intervención el popular, aunque no sin antes manifestar su asombro por que el gobierno haya recurrido a la vía de las preguntas para conocer a través de la oposición «el expediente de una empresa», cuando «tiene a su disposición todos los servicios municipales». Para el concejal, que compareció en el pleno a petición propia a raíz de las preguntas que formuló el PSOE para saber si Geslander había saldado esa cuenta, la iniciativa socialista no solo es «peregrina», sino que «estas preguntas desprestigian a quien las hace y a la institución».
En cuanto a la tramitación de la licencia de primera ocupación, el edil sostiene que la promotora presentó toda la documentación precisa el 19 de junio del 2006 y que el 1 de agosto el arquitecto municipal emite un informe en el que dice que no hay inconveniente para concederla una vez que Emuvissa acepte la urbanización perimetral del edificio. Pero después se le reclama, dice, la licencia de actividad de los garajes, cuando son privados, y más adelante que acredite la recepción de las obras de urbanización (que había hecho el IGVS) por parte del Concello, lo que «ya es el despiporre».
Afirma que las diferencias entre ambas administraciones para la recepción de dichas obras obligó a la promotora a soportar el pago de la hipoteca de todo el edificio y que al final se entró en el ejercicio del 2007, con lo que se le devengó a la promotora los recibos de un IBI a los que no tendría que hacer frente si la licencia se hubiese otorgado en tiempo, porque las escrituras de venta estarían ya resueltas en el 2006. La licencia se concedió el 1 de marzo del 2007.
Conde Roa afirma que hubo una demora «deliberada» en la tramitación de su licencia mientras sí se le concedió, dijo, a otra empresa que promovía en la acera de enfrente, «en el mismo ámbito», una situación por la que pidió explicaciones, porque «una de dos: o se prevarica en un momento o en el otro». El portavoz opositor dice que se le quería «fastidiar» a él personalmente, pero que ese retraso no solo lo perjudicó económicamente a él, al tener que soportar unos gastos financieros de unos 7.500 euros al mes, sino a las 40 familias que esperaban por esas viviendas y que tuvieron que prolongar el pago de alquileres.
«Manobra de distracción»
La portavoz socialista, Marta Álvarez-Santullano, calificó la intervención del popular como una «manobra de distracción» para evitar el tema de fondo, el impago de una deuda tributaria por parte de un representante municipal del que cabe «que practique co exemplo» y que había «prometido saldala aos poucos días» de trascender el impago. La edila defendió la tramitación del expediente de la licencia de primera ocupación indicando que son los técnicos los que reclaman la documentación precisa y negó la deliberación a la que aludió el popular alegando que «ninguén no 2006 sabía» que Conde Roa era el administrador único de la promotora. Pero este aprovechó la ocasión para dirigir la atención al alcalde. «Usted ya era regidor entonces, sabía quien era yo, que este expediente se estaba tramitando y los perjuicios que esto me estaba ocasionando».