Se acabó la polémica del Grumir en Ordes. El pleno aprobó ayer un último esfuerzo con la Xunta y la Fegamp para salvar lo insalvable y que continúe su actividad el Grupo de Intervención Rápida (Grumir), iniciada hace diez años. El alcalde Manuel Regos Boquete ve «ilóxica» la desaparición de este servicio pero parece haberse resignado. A cambio, promete un servicio de emergencias con pocos efectivos y de ámbito exclusivamente municipal. «Hai xa reservada unha partida presupostaria importante para esta cuestión», asegura Regos.
Con la abstención del grupo nacionalista, el pleno ordense acordó ayer reiterar a la Xunta y a la Fegamp que «é necesario o mantemento do Grumir existente nas mesmas condicións de ubicación, laborais e de financiación». Este posicionamiento es idéntico, además, al explicitado ya oficialmente por la Mancomunidade de Municipios de Ordes.
El alcalde Regos avanza que «aínda que son os concellos de máis de vinte mil habitantes os que teñen a obriga de ter un servizo de emerxencias, nós imos telo voluntariamente». Esta opción se ve impulsada, además, con una ayuda de la Consellería de Traballo.
El pleno también dio luz verde a la puesta en marcha del servicio de grúa permanente, que será gestionado indirectamente a través de una concesión, cuyo concurso se hará público de inmediato.
La ordenanza reguladora del servicio de grúa especifica los casos en los que se puede retirar el vehículo de la vía pública que, como norma general, será «sempre que constitúa perigo, cause graves perturbacións á circulación de vehículos ou peóns ou ao funcionamento dalgún servizo público ou deteriore o patrimonio público». El reglamento contampla un total de 22 casos concretos que se enmarcan en esta categoría y otros 16 supuestos más en que se retirará el vehículo, como en los casos de abandono o accidente.
El pleno también acordó prorrogar la delegación de los servicios tributarios en la Diputación hasta el 2.022. El portavoz del gobierno, Xesús Pedreira, desveló que «a Deputación cobra 90.000 euros por este servizo, cando nós teríamos que facer unha oficina, gastar 40.000 euros en persoal e asumir todos os gastos correntes do servizo».
El pleno ordense rechazó una moción del grupo popular sobre violencia de género ya que «es una inmoralidad decir que las muertes que se han producido es por culpa del PSOE, que no entrará nunca en el dolor de las víctimas, aseguró la edila de Servizos Sociales Esther Couto, quien puso de ejemplo el Centro de Información á Muller (CIM), que tramita ayudas para las mujeres damnificadas.