Cuando el 8 de julio del 2003 comenzó el juicio en la sede compostelana de la Audiencia, en Fontiñas, un autobús desembarcó ante el edificio de la rúa Viena a unos cincuenta vecinos de Santa Lucía que protagonizaron una protesta silenciosa.
En solidaridad con los acusados, mostraron pancartas en las que denunciaban una «trama policial» y pedían la libre absolución para los encausados, petición esta última a la que se sumó la Federación do Rural de Santiago.
Hasta una treintena de entidades, incluidas asociaciones de vecinos y partidos políticos, expresaron su solidaridad con los seis de O Eixo, y fueron más de 2.000 las firmas que se recogieron por toda la ciudad.
Las adhesiones llegaron desde el grupo municipal del BNG a los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CIG. Fue la Asociación de Veciños Domingo Cepeda de O Eixo la que se encargó de poner en marcha la campaña de apoyo que derivaría más tarde en la petición de indulto, avalada por el propio Concello de Santiago en pleno.
En la otra parte, el agente herido, Luis Gómez, fue respaldado por sus compañeros del Sindicato Unificado de Policía, agrupación que en todo momento se ha mostrado contraria al indulto y así lo ha expresado a través de los informes que se cursaron la hora de valorar la viabilidad de la medida de gracia.
Los condenados hicieron frente a la indemnización de 156.000 euros, pero el indulto ha sido igualmente rechazado.
El Concello de Santiago ha incluido en el pleno del próximo jueves un punto en el que se debatirá la posibilidad de solicitar un nuevo indulto, aunque el tiempo corre en contra de tres personas que deberían ingresar en prisión antes del 1 de octubre próximo.