Los vecinos de Boavista confiesan su temor ante posibles derribos de casas
11 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.«Claro que tenemos temor. Es obvio que, en este momento, hay una resolución judicial que dice que nuestras viviendas no están ajustadas a la legalidad, por lo que puede haber unas consecuencias que podrían llegar, incluso, a la demolición». Como Carlos, nombre ficticio de este vecino de Poio, el resto de residentes de la urbanización ejecutada en Boavista por Lanzamar dejaron ayer patente una mezcla de indignación e inquietud ante la situación generada tras las recientes sentencias del Supremo.
En juego podrían llegar a estar sus viviendas. No en vano, «una casa es lo máximo a nivel material que tiene alguien, eso no hace falta decirlo, y en lo que ha invertido todos sus ahorros. Estamos preocupados».
Todos lamentan que se tengan que enterar de estos hechos a través de la prensa, dado que, excepto alguna que otra reunión «informal» cuando se conocieron las primeras sentencias del TSXG, ni el Concello de Poio ni los responsables de la constructora se han dirigido a ellos. De aquellos encuentros, Carlos recuerda que el gobierno municipal «se comprometió a solucionar este problema. Saben que cualquier posible consecuencia económica derivada, en el peor de los casos, de la demolición de alguna vivienda será su responsabilidad. Y cuando digo el Concello digo todos los vecinos. A fin de cuentas todos somos contribuyentes que estamos pagando nuestros impuestos».
El desamparo
No es extraño que se sientan «desamparados judicialmente y, más aún, por el Concello. Cuando alguien compra libre de cargas no puede encontrarse luego en la situación en la que nos encontramos nosotros», reseña Carlos.
En este punto, no duda en reiterar que los propietarios adquirieron en su día unas viviendas con todos los permisos en regla. Está claro que «no es la situación de uno que va construyendo sin licencia ni nada y luego hay un sentencia que ordena tirarlo todo. Compramos con una licencia que decía que estas propiedades eran legales y ahora hay unas sentencias que las han declarado ilegales...»
«Va a ser una pelea de varios años», sostiene otra de las vecinas de este entorno, que, al igual que Carlos, prefiere mantenerse en el anonimato. Otros residentes no dudan en asegurar sentirse indignados y cargan tintas, ya sea contra el Concello de Poio o contra los magistrados del Supremo. Al fin y al cabo, «los jueces no tienen en cuenta que hay una parte que resulta la más perjudicada y que es la que menos culpa tiene, que son los propietarios. No hemos podido defender nuestros derechos».
La incertidumbre
Esta presumible indefensión los ha llevado a buscar asesoramiento jurídico. Tal vez por ello es por lo que Rafael Saco Martínez se muestre, «de momento, tranquilo. Porque está todo en manos de abogados, que son los que llevan todo este proceso. Hay que esperar».
En cualquier caso, Rafael deja clara la injusticia que supone comprar una vivienda «totalmente legal» y ver cómo la Justicia echa por tierra todo. «El Ayuntamiento había dado los permisos y había dado todo».
En cuanto a la amenaza de una demolición, se muestra prudente: «Queremos pensar que no se va llegar a ese extremo, pero siempre está la incertidumbre y todo puede pasar».
el sentir de los propietarios
«Una vivienda es lo máximo que tiene alguien y en lo que ha invertido todos sus ahorros»
«No es la situación de uno que va construyendo sin licencia y luego ordenan tirarlo»