Una sentencia sobre Monte Faro obliga a devolver 3,8 millones de euros
29 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El portavoz de VIPS advirtió ayer del riesgo de que la hacienda municipal de Sanxenxo se acerque a la situación de «quiebra técnica» tras la sentencia del juzgado de lo contencioso que decretó la devolución de 3,8 millones de euros más intereses a los promotores del suelo urbanizable 13 -Monte Faro-.
La sentencia es recurrible y todo indica que el gobierno local la va a apelar ante el TSXG, pero el portavoz de VIPS precisó su temor de que el alto tribunal gallego falle igual que el contencioso y que esto deje al Concello en una delicada situación económica. A la hora de buscar responsables, Rodríguez señaló a los gobiernos que se han sucedido en Sanxenxo desde el 2003.
El problema se encuentra en el convenio firmado en su día entre el Concello y las promotoras sobre el desarrollo de este suelo urbanizable. El Ayuntamiento aceptó la petición de eximir al plan parcial de la obligación de la reserva de suelo para viviendas sometidas a algún tipo de protección oficial. En su lugar, se optó por el ingreso en las arcas municipales de 3,8 millones de euros, que según la resolución judicial conocida esta semana, se emplearon sobre todo en adquirir Punta Vicaño.
No obstante, este convenio estaba condicionado a que en el plazo de un año desde su firma estuviese aprobado definitivamente el plan parcial y que no hubiese ningún cambio legal que impidiese el acuerdo. Este objetivo no se cumplió ?hubo demora en la tramitación administrativa-. Además ahora es imposible porque la última reforma de la Lei do Solo de Galicia imposibilitó la exención sobre la que se basaba el documento suscrito. El texto del convenio fue reformulado unilateralmente por el Concello para ajustar la modificación de la Louga, pero este escenario fue rechazado por las promotoras que exigieron la devolución de los 3,8 millones de euros por vía judicial, tras fracasar sus peticiones ante el Concello. Ahora la sentencia del contencioso da la razón a las empresas y condena al Concello a la devolución del dinero y al pago de intereses.