Previo paso de un posible juicio en el que los ecologistas ocupen el banquillo destinado a los acusados, este miércoles se ha convocado a la APDR y a su vicepresidente, Benito Andrade, así como a los representantes de Ence a un acto de conciliación en el edificio judicial de A Parda. La cita será a las nueve y media de la mañana a instancia del Juzgado de Primera Instancia número dos de Pontevedra.
En principio, y de cara a este 29 de diciembre, las posturas de unos y otros aparentan irreconciliables, por lo que, previsiblemente, el acto de conciliación no dará resultado alguno y el proceso judicial abierto continuará su tramitación.
La APDR defiende que el objetivo último de esta demanda es que la empresa perpetúe su presencia en Lourizán más allá del 2018, una estrategia que considera «está baseada, como estivo sempre, na propaganda enganosa, na falsidade ou na mentira pura e dura».
Antón Masa tachó la demanda de un «acto de forza para reivindicar unhas bondades nas que xa practicamente ninguén cre na bisbarra pontevedresa», al tiempo que reiteró su compromiso con la lucha para sacar a la factoría de la ría de Pontevedra. Así, concluyó su comunicado de ayer advirtiendo de que «nin nós, nin os milleiros de pontevedreses e pontevedresas que esiximos o fin inmediato e definitivo da actividade do complexo industrial de Lourizán, imos permitilo».