El Concello, condenado por ocupar ilegalmente una finca en el Gafos

PONTEVEDRA

La indemnización a los demandantes, dos hermanos de Ourense, podría llegar a ocho millones de euros

20 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra ha dictado una sentencia en la que responsabiliza al Concello de la «ocupación ilegal» de una finca particular de 6.156 metros cuadrados de superficie para la ejecución del parque lineal del río Gafos en su tramo urbano, abierto en el 2007. El fallo condena al Concello «al cese inmediato en la vía de hecho en que ha incurrido» y establece que se indemnice a los legítimos propietarios. Aunque no se fija una cantidad concreta, el abogado de los demandantes, Antonio Feijoo Miranda, sostiene que «la cantidad será cercana a los ocho millones de euros, o más, si se demora el pago a causa de la apelación del Concello».

La jueza que firma la sentencia señala que, ya que la finca no puede ser restituida, el Concello ha de abonar a sus propietarios, dos hermanos residentes en Madrid y Ourense, «el valor urbanístico total de la parcela con arreglo a su clasificación como suelo urbano consolidado aunque sin aprovechamiento lucrativo». A esta cantidad habría que añadir los intereses desde el 10 de enero del 2007, «fecha de la ocupación efectiva», y el 25% de la suma de ambas cantidades, en concepto de indemnización por daños y perjuicios a los afectados.

La sentencia estima íntegramente el recurso de los propietarios de la parcela. Llega a la conclusión de que el Concello de Pontevedra ocupó ilegalmente la finca e incluso que llegó a certificar que se encontraba a su disposición por ser de titularidad pública para que la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente y de la empresa pública de Obras y Servicios Hidráulicos ejecutase las obras de acondicionamiento del río y construcción de la senda fluvial.

Para el abogado, «la gravedad de estos hechos no solo reside en la ocupación ilegalde una parcela que sus propietarios habían pedido con insistencia que les fuera expropiada en cumplimiento de lo que establece el PGOU, sino también en que el alcalde, siguiendo los informes emitidos por funcionarios municipales, llegó a certificar falsamente ante la Xunta que todos los terrenos objeto del proyecto eran de titularidad pública municipal».

Con tal certificación, la Xunta redactó el proyecto y licitó las obras del paseo fluvial. «A lo largo del proceso el Ayuntamiento ha intentado desviar su responsabilidad hacia la Xunta y al organismo autónomo Augas de Galicia, quienes también se han opuesto a nuestra demanda», sostiene el abogado.