El segundo pulso que enfrentó en los tribunales a Salva o Tren y al Gobierno con motivo de las multas impuestas por la Subdelegación a varios de los integrantes del colectivo ciudadano quedó ayer visto para sentencia. En este caso, la sanción de 550 euros (quinientos de la multa y cincuenta de recargo) se dirigió contra la portavoz de la plataforma, Lucía Latorre, quien semanas atrás se vio abocada a hacerla efectiva tras recibir una notificación de Hacienda en la que se dejaba entrever que existía la posibilidad de que la embargasen.
Tras la vista oral, la dirigente vecinal se mostró optimista, ya que entendió que «desmontamos jurídicamente el tipo penal» que sustenta la imposición de la multa. Esto es, se les acusó por la vía administrativa de haber convocado el 20 de octubre del 2008 a más de una veintena de personas en un espacio público como son las vías del tren de Portas.
Sin embargo, la tesis que mantuvo Latorre y el resto de testigos que comparecieron en el juicio es que no hubo convocatoria alguna, sino que «funcionó el boca a boca». Así, la portavoz de Salva o Tren subrayó que «no convoque a nadie», al tiempo que explicó que fueron numerosos los vecinos que se enteraron que Caiga Quien Caiga (CQC) iba a grabar un reportaje sobre la polémica relativa al tren de proximidad, por lo que habrían acudido de motu propio a expresar su sentir a los responsables del programa, por lo que considera que no se puede hablar de una reunión.
En este punto, Latorre manifestó que el colectivo dispone de un escrito remitido por el programa en el que confirma cada una de estas palabras, documento que habría sido incorporado al expediente.
Otros argumentos
Asimismo, las declaraciones presentadas ayer buscaron socavar los otros dos argumentos que, en su día, sustentaron la imposición de la multa. En este punto, si la normativa alude a que es sancionable cuando se convoca a más de veinte personas, la dirigente de Portas mantuvo que ni mucho menos acudieron dos decenas de vecinos a la grabación del programa televisivo.
Lucía Latorre también dejó claro que no se puede hablar de que el entorno donde se rodaron las imágenes de CQC se puede considerar como un lugar de tránsito público. Y es que, según recordó, el 20 de octubre del 2008 «la vía ya se había levantado, por lo que no podía circular ningún ferrocarril».
Frente a las tesis que maneja la plataforma, el abogado del Estado defendió que se mantuviera la sanción impuesta en su momento a Lucía Latorre. Al parecer, según narraron testigos presenciales, el letrado no presentó testigos a mayores que el contenido del expediente abierto por la Subdelegación del Gobierno.
Ahora será el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pontevedra quien tenga la última palabra.