Desde que el Congreso aprobó la declaración del Parque Nacional de las Illas Atlánticas, en el año 2002, había un debate pendiente. Esta semana, al fin, ha estallado con toda su crudeza. Se ha puesto encima de la mesa el plan rector de usos y gestión de los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada, un documento esencial que retrasó la catástrofe del Prestige y que establece lo que puede o no hacerse en el paraíso ecológico de Galicia.
El texto propone zonas de protección absoluta y de uso restringido, tanto dentro del espacio terrestre como en el marino. En este último hay un total de 46 ámbitos afectados, lo que trae de cabeza sobre todo al sector marisquero, el que trabaja más pegado a las islas.
El plan no es definitivo, ya que se discutirá con las cofradías, pero es obvio que marca una tendencia: proteger los valores naturales y los fondos marinos del parque. Establece unas zonas de reserva para estudio científico que, según Parques Nacionales, permitirán «la recuperación de bancos pesqueros y marisqueros en beneficio de las personas que se aprovechan de estos recursos» y también se establecen las zonas de uso restringido para lograr «la conservación íntegra de los recursos y valores, al mismo tiempo que proporcionan oportunidades para la realización de ciertas actividades de reducido impacto».
Diversidad
En el patronato de las Illas Atlánticas, el que hará la propuesta definitiva a la Administración, parece existir una mayoría clara que cree imprescindible fijar las reservas marinas.
El objetivo no es otro que salvaguardar bosques y fondos marinos de gran valor. Tres ejemplos: el Cabo dos Bicos en Cíes, la playa de Melide en Ons y el norte de Vionta en el archipiélago de Sálvora. Es esa diversidad la que justificó que, en su momento, se declarase el segundo parque nacional marítimo-terrestre de España tras el de Cabrera.
Restos de naufragios
Pero también existe un especial interés en proteger zonas de alimentación de los cormoranes moñudos, una especie en peligro de extinción, y tampoco se quiere pasar por alto la vigilancia de lugares de gran interés arqueológico e histórico, básicamente allí donde se ha constatado la existencia de decenas de pecios y piezas de embarcaciones (de anclas líticas a piezas de artillería).
En las áreas donde se restringirá la pesca figuran zonas experimentales de marisqueo (en las que se pretende no extraer moluscos para ver cómo evolucionan sin presión humana), de regeneración (relevantes para el desove de especies) y de buceo.
Lo cierto es que la dirección del parque nacional, sabedora de las suspicacias que levantan todas estas cuestiones entre los marineros que llevan faenando en las islas toda la vida, se ha manejado con mucho tiento a la hora de abordarlas.
En el patronato están representadas distintas sensibilidades, desde los ecologistas a las propias cofradías. Para establecer el veto a la pesca en un caladero que da de comer al 80% de la flota de las Rías Baixas será determinante la opinión de la Consellería de Mar.