Lores no recibirá al comité de Cespa, que mantiene la huelga a partir del lunes

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, no tiene la intención de recibir al comité de empresa de Cespa, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y de limpieza viaria en la ciudad. La plantilla ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo lunes, como protesta por el despido de un compañero y había solicitado la mediación del alcalde.

El concejal responsable de Medio Ambiente Urbano, Raimundo González Carballo, descartó la reunión solicitada por los trabajadores si es para tratar un asunto que para el gobierno local atañe a la relación laboral entre la plantilla y la empresa. «Sabemos que os traballadores teñen solicitado unha entrevista có alcalde. Podería darse si ese encontro ten como obxetivo tratar melloras no servizo, pero nunca para que o alcalde medie nun conflito laboral como é o despido dun traballador», afirmó el edil.

González carballo considera que la convocatoria de huelga indefinida «non está lexitimada», ya que se trata, opina, de una medida «desproporcionada, máxime cando aínda non se ten pronunciado a autoridade laboral sobre o despido». El edil insiste en que hay «outros medios» para solucionar el actual conflicto entre concesionaria y trabajadores. «Non parece normal que intenten solventar un despido a través dunha folga que afectaría a toda a cidadanía», insistió.

Pese a que el edil está convencido de que «ao final non haberá folga» el Concello ya está redactando el decreto de servicios mínimos y el bando municipal que se dictará para tratar de minimizar el impacto de un hipotético paro.

Posibles sanciones

Por su parte, el portavoz del PP, Telmo Martín, acusó al gobierno local de «mirar para outro lado» en este conflicto e instó la intervención del alcalde como mediador entre empresa y trabajadores. Martín contradice la opinión del gobierno local de que se trata de un problema entre la empresa y los trabajadores. «É un conflicto do Concello coa empresa, a que lle ten contratada a prestación dun servicio». El PP recordó que el alcalde tiene la potestad de, llegado el caso, aplicar sanciones a la empresa de hasta 30.000 euros «ou incluso denunciar o contrato» que expira en junio del 2011.