El funcionario pontevedrés obtuvo el premio con un trabajo que busca unificar criterios a la hora de graduar las sanciones ante las infracciones turísticas
08 feb 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Reconoce que recibió la noticia de ser premio Manuel Colmeiro 2008 con «una satisfacción muy grande». Y es que el pontevedrés Joaquín San Martín Zamácola se define como «un técnico de la Administración y el trabajo lo hice en mi condición de estudiante de posgrado. No soy ningún catedrático».
-¿Qué es lo que aborda en «Presentación e análise xurídica-penal dun baremo sancionador en materia de ordenación turística»?
-Es un trabajo de investigación que desarrollé en la Universidad de Santiago, en un programa de doctorado de la Facultad de Derecho. Abordo cuestiones relacionadas con el procedimiento sancionador en el ámbito turístico. Mi tarea en la Administración es la instrucción de procedimientos sancionadores, una de cuyas fases más complejas es la graduación de la sanción. Así, la inspección turística constata una infracción, mediante la oportuna acta de infracción, y en el posterior expediente procede determinar la cuantía sancionadora. A continuación hay que unificar criterios en dicha determinación.
-O sea, ¿busca unificar criterios a nivel autonómico?
-Exacto. Al igual que en otras administraciones, como Tráfico o Transportes, propongo que en Turismo haya un baremo que predetermine la cuantía sancionadora de las multas propuestas. En eso se resume mi trabajo, en la elaboración de un método para que un mismo hecho, se produzca donde se produzca, tenga siempre la misma sanción.
-¿En que consiste el baremo?
-Es un sistema matemático y jurídico, una mezcla entre matemáticas y derecho...
-¿Porqué existe esa falta de objetividad?
-Este defecto es inherente a la técnica de la descentralización administrativa. Cuando una Administración pública descentraliza territorialmente sus competencias, en este caso la Xunta en sus delegaciones, lo lógico es que cada ámbito territorial tenga sus métodos de tramitación.
-Por lo tanto, también beneficia a los hosteleros, que saben a ciencia cierta a lo que se exponen con sus conductas.
-Efectivamente. Un empresario que se vea imputado en un expediente sancionador sabrá de antemano el porqué de la cuantía que se le impone. El baremo está compuesto por tres grandes bloques: grupos y categorías de establecimientos turísticos; tipos infractores en función de su gravedad; y las diferentes sanciones. Aplicando el primer y el segundo cuadro surge un resultado que determinará, en la tercera tabla, la multa a ese concreto supuesto.
-¿Cuáles pueden ser los principales obstáculos para implantar esta iniciativa?
-Mi propuesta es hacer un curso o varias reuniones para unificar criterios. La aplicación en la teoría es fácil, pero, en la práctica, va a llevar sus problemas. Y es que cada supuesto de hecho viene acompañado de múltiples circunstancias que hay que valorar, como el menor o mayor grado de intencionalidad, la existencia o no de reiteración, la reparación voluntaria de los posibles daños... No obstante, el trabajo, en su última parte, tiene un apartado específico para que, una vez establecida la cuantía, esta pueda incrementarse o rebajarse en función de la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes. Lo más importante será buscar un acuerdo.
-Es un trabajo que será publicado por Turismo, ¿sabe si será a nivel interno de la Administración o estará al alcance del público en general?
-Va a estar a disposición de los ciudadanos desde la Xunta de Galicia. Una de las condiciones del premio es que la EGAP -Escola Galega de Administración Pública- tiene los derechos de publicación de la obra durante tres años. Nos han dado una autorización escrita para editarla y le cedemos 150 libros. Seguramente no va a llegar a las librerías, pero sí va a estar en la Administración a disposición de cualquier ciudadano.
-Ya en relación con el galardón, ¿qué sintió cuando le comunicaron que era el ganador?
-No pensaba ganar. Es un premio importante a nivel autonómico, ya que es el único para trabajos relacionados con la investigación y las administraciones gallegas. Tiene mucho prestigio y, la verdad, me presenté por probar, como un reto... Fue una sorpresa muy grande en el que se recompensa un año y pico de trabajo. Mi objetivo es ponerme de acuerdo con la EGAP y la Xunta para volver a trabajar en lo mismo para perfeccionarlo, corregir errores y pulir su publicación.
-¿Se plantea algún otro reto?
-Más adelante me gustaría acabar el doctorado en Derecho. Estoy muy agradecido al departamento de derecho penal y, especialmente, a Miguel Abel Souto, doctor en Derecho que ha dirigido este trabajo. Tengo que hablar con él para una posible tesis.
-¿Se puede adelantar algo de su contenido?
-Todavía lo desconozco. Tengo varias ideas en la cabeza, pero ahora lo que quiero es disfrutar un poco de la publicación del libro. En cuanto al reto vinculado con el baremo es que se llegue a aplicar. ¿Qué puede dar problemas en su aplicación práctica porque es un trabajo muy teórico? Bueno, poco a poco se irían corrigiendo esos problemas y creo que ganaríamos en objetividad y en una mayor igualdad para la ciudadanía.
-Además, me imagino que la propia puesta en práctica irá subsanando posibles fallos.
-Claro. Entiendo que su aplicación es un beneficio para todos.