Comisiones responsabiliza al alcalde del expediente sancionador de la Agencia de Protección de Datos
PONTEVEDRA
La sección sindical de Comisiones Obreras insistió ayer en la «gravedad» del expediente sancionar abierto por la Agencia de Protección de Datos contra el Concello de Pontevedra, y responsabilizó exclusivamente al alcalde «del control de las base de protección de datos, porque así lo determina la Ley».
A través de un comunicado, el sindicato descalificó al concejal de Personal y Régimen Interior, el socialista José Antonio García Lores, de quien afirman que «no tiene ni idea de lo que dice».
Fue García Lores quien en nombre del gobierno municipal se refirió el pasado martes al expediente sancionador abierto por la Agencia. Lo hizo para reconocer la existencia del mismo y para dar cuenta de las alegaciones que han presentado los servicios jurídicos del Concello.
Caducado
En primer lugar, los asesores del Concello consideran caducado el procedimiento por haber transcurrido dos años y medio desde la denuncia hasta la comunicación del expediente; en segundo lugar se pide que, en cualquier caso, se rebajen las infracciones a leves porque no hubo daño objetivo alguno al interés público; y por último se recuerda que las deficiencias detectadas por los inspectores han sido ya subsanadas.
En este sentido, desde el gobierno local se insistió ayer en este último punto y se recordó que hace menos de un mes que se aprobó en junta de gobierno el protocolo que ha de regir en la cesión de datos a la empresa Recyges -que ayer sí fue citada por el sindicato,- y que da cumplimiento al decreto 1720/2007, que desarrolla la Ley de Protección de Datos del 1999. Desde el gobierno local se subrayó ayer que ese decreto que modifica la citada Ley no entró en vigor hasta abril del 2008.
Tal protocolo se aprobó a modo de adenda al contrato suscrito entre el Concello y la empresa adjudicataria Recyges para el cobro de multas.