La Diputación pide que los aerogeneradores tributen a los municipios por su potencia

La Voz

PONTEVEDRA

24 dic 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

Rafael Louzán, el presidente de la Diputación de Pontevedra, anunció ayer que la institución que preside se integrará en la Asociación Nacional de Municipios con Instalación de Energías Renovables. El objetivo es «implicarse na xestión dos recursos tributarios pola radicación de parques eólicos».

La asociación, que actualmente está integrada por 17 municipios, demanda que las empresas eólicas reviertan en los municipios donde estén instalados los molinos de viento a partir de los que obtienen la electricidad, parte de los beneficios que estos generan a las firmas que los explotan.

Louzán recordó que una reciente sentencia del Tribunal Supremo obligó al catastro a considerar los parques eólicos dentro de los bienes inmuebles de categoría especial. Así, el presidente de la Diputación de Pontevedra solicitó que las empresas eólicas tributen por el impuesto de bienes inmuebles en base a la potencia instalada, así como que el porcentaje que cobrará la Xunta a través del Instituto Energético de Galicia, tras la adjudicación del macroconcurso eólico, revierta en los municipios afectados. La Diputación gestiona la recaudación del catastro de los municipios más pequeños de la provincia de Pontevedra.

Rafael Louzán, anunció ayer, tras estas consideracions, la próxima integración de la institución que preside en la Asociación Nacional de Municipios con Energías Renovables. Louzán sostiene además que la parte de la Xunta gobernada por el BNG en lugar de ocuparse de que ochenta mil gallegos cobren lo que le corresponde al estar amparados por la Ley de Dependencia, algo que aún no ocurre -insitió-, «si está moi interesada no reparto da potencia eólica de Galicia». El presidente de la Diputación calificó al Gobierno de la Xunta de Galicia de «bochornoso» por el espectáculo» que está dando con el concurso eólico.

En cuanto al procedimiento de concurso, estimó que se trata de «un proceso cheo de dúbidas, que veñen incrementar a división existente no Goberno galego en temas como as irregularidades de Sogama ou as acusacións do BNG ao PSOE sobre o voto emigrante».