La Xunta de Galicia acaba de sufrir el primer revés en su lucha por frenar algunos de los proyectos urbanísticos aprobados en pleno por el Concello de Sanxenxo antes de la entrada en vigor de la Ley del Litoral. De hecho, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha rechazado apoyar las medidas cautelares solicitadas por la Administración autonómica que implicaban la paralización preventiva de la urbanización de Major, en el suelo urbanizable veintidós.
Desde el Concello de Sanxenxo resalta que, en el auto, «los magistrados aclaran que el letrado de la Xunta omite el hecho de que, en el momento de entablar el recurso de súplica en cuestión, el Plan Parcial objeto de litigio ya había sido aprobado». En este punto, la sentencia se muestra muy crítica con la Administración autonómica, a la que achaca que no concreta «los motivos por los cuales la aprobación del Plan Parcial en los términos en que lo ha sido supone una incidencia negativa en los valores ambientales que han de ser preservados».
Curiosamente, en su día trascendió que la Consellería de Medio Ambiente había remitido una carta a la alcaldesa Catalina González en la que la dirección general de Desenvolvimento Sostible hacia referencia a que el plan parcial para el SU 22 podría tener efectos significativos sobre el agua, los residuos y la naturaleza, así como efectos contaminantes.
En cuanto al recurso desestimado por el TSXG, el equipo de gobierno municipal alude a que se reprocha, asimismo, que «lo que los servicios jurídicos de la Consellería se dedican a mencionar son ''los extremos sobre los que tendría que versar la Evaluación Ambiental Estratégica''».
Precisamente la ausencia de este informe fue uno de los argumentos a lo que se ha agarrado la Xunta para intentar frenar una urbanización localizada en la parroquia sanxenxina de Noalla y promovida por Nino Mirón S.L. y por París Dakar Área Recreativa S.A. Esta iniciativa fue aprobada en pleno por el Concello veinticuatro horas antes de que el Parlamento gallego aprobase la Ley del Litoral, que impide la construcción a menos de quinientos metros de la línea de costa.
La Xunta sostiene que la aprobación definitiva del proyecto es posterior a la entrada en vigor, en mayo del 2007, de la cita normativa medioambiental. Un día antes de la este hecho se aprobó la urbanización de Major, pero el acuerdo plenario en cuestión no se publicó hasta el mes de junio en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial de Pontevedra.
En todo caso, y mientras no se resuelva definitivamente, en igual trance que este proyecto se encuentran otros en Sanxenxo ante los que la Xunta ha recurrido a los tribunales de lo contencioso-administrativo en su afán de paralizarlos. Al parecer, en la mayoría de estos casos se ha optado por la misma línea de actuación que ha sido desestimada por el TSXG.
Viviendas y zonas verdes
En el caso de Major, se ha previsto la construcción de un total de 161 viviendas en una superficie total de 69.186 metros cuadrados ubicada dentro de los quinientos metros que busca proteger la nueva Ley del Litoral.
En el desarrollo de este suelo se habilitará una zona verde de 7.076 metros cuadrados, así como se levantará un aparcamiento para los vecinos con una capacidad para 222 vehículos.
Frente a las tesis municipales de avalar esta urbanización, la Consellería de Medio Ambiente sostiene que el Ayuntamiento ha incurrido en una supuesta nulidad de derecho, circunstancia que, siempre según su versión, determinaría la nulidad del acuerdo plenario que sacó adelante la iniciativa la víspera de la aprobación de las «medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia».
El Concello está dispuesto a continuar el desarrollo de Major hasta su finalización o hasta que, llegado el caso, la justicia lo suspenda definitivamente.