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La «denuncia política» llega en un momento en el que las partes implicados negocian una salida
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La denuncia política que ayer hizo el BNG de la Diputación llega precisamente en el momento en el que la empresa y los reversionistas tratan de aproximar posturas para resolver sus diferencias económicas y evitar que llegue a producirse la subasta judicial.
El reciente rechazo por la Audiencia de Ourense de una iniciativa de la inmobiliaria Flager, con una resolución en favor de la tesis que mantienen los reversionistas (en este caso uno en concreto cuya dirección letrada lleva el abogado Alfonso Grande), ha reafirmado la posición de los particulares que pleitean en defensa de sus derechos de reversión.
El conflicto, sea como fuere, afecta únicamente al 65% del conjunto del AR-39-E (finca Mariñamansa), que corresponde a la originaria Santamarina, pues sobre el resto de la propiedad aportada por la Diputación, las fincas Miramón y Casar, no existen pleitos sobre derechos de propiedad.
Quedan, en cualquier caso, dos contenciosos pendientes de resolución. Uno, presentado por una firma asturiana contra el proyecto de urbanización, y otro de un reversionista contra el proyecto de compensación, que, de ser aceptado, afectaría a la distribución y reparto de solares entre la Diputación, Flager y el Concello de Ourense, que recibe el 10% del aprovechamiento.
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