La sanción de nueve mil euros que la junta de gobierno local de Ourense impuso a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por un vertido si control de unos 65.000 litros de gasóleo a la red pública de alcantarillado, se ajusta a la legalidad y es correcta. Intentó la empresa evitar la sanción con un recurso judicial en el ámbito de lo contencioso-administrativo, dirigido por la Abogacía del Estado, pero sus pretensiones han sido desestimadas, con lo cual la sanción fijada por el Concello de Ourense es firme.
El gobierno municipal de Ourense había valorado en su momento dos razones para castigar el proceder de ADIF. Por un lado, sancionó con 6.010 euros una primera infracción administrativa de carácter muy grave, por el vertido mismo del gasóleo a la red de saneamiento, originado por la rotura de la conducción subterránea correspondiente a un depósito de almacenamiento en los talleres de maquinaria de Renfe. Por otro, sumó otros 3.005 euros, por una segunda infracción de carácter grave, debido a la falta de comunicación de la situación de emergencia que se había producido.
Un tercer motivo de sanción que se había propuesto en el momento de la apertura del expediente municipal, de carácter puramente formal, fue desestimado al quedar suficientemente acreditado en contra de las sospechas iniciales, que ADIF disponía de permiso de vertidos concedido por decreto de 9 de diciembre del año 1999.
Postura municipal firme
El recurso de ADIF contra la sanción fue desestimado en el correspondiente trámite administrativo por el gobierno municipal de Ourense a finales del pasado octubre. Para el bipartito ourensano está sobradamente acreditado que se produjo el vertido, «con independencia de quien sea el encargado del mantenimiento de esas instalaciones, o de quien las haya diseñado». De la misma manera, tampoco aparecían entonces nuevos elementos que desvirtuasen el hecho objetivo de que el vertido se produjo el 25 de abril del 2008 y que no fue hasta tres días después, el lunes día 28 de abril del 2008, cuando el personal del Adif lo comunica al ayuntamiento lo ocurrido. Con la particularidad añadida, de que incluso se había rellenado el depósito con 30.000 litros de combustible al advertirse una inesperada ausencia de combustible.
La sucesión de irregularidades incluye el hecho de que ADIF tampoco remitió al Concello de Ourense el obligatorio informe de la avería dentro de los siete días que exige el reglamento municipal correspondiente.
La disconformidad de ADIF con esta sanción económica llevó a la empresa pública a pedir amparo judicial, que no ha logrado. La sentencia del juzgado de lo Contecioso-Administrativo número 2 de Ourense ha desestimado el recurso de la Abogacía del Estado contra las decisiones municipales.
La llegada del gasóleo al río Miño y a la depuradora de Reza había dado lugar en su momento a una notable inquietud. La Policía Autonómica había intervenido para aclarar los detalles de este accidente.