El alcalde frena la idea del BNG de hacer una adjudicación sin concurso

OURENSE

17 oct 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, frenó ayer una adjudicación de sus socios de gobierno en el bipartito municipal. Se trata del convenio que el BNG pretendía sacar adelante para la instalación de cuatro paneles informativos en suelo público sin realizar un concurso. Ante las dudas que planean sobre la legalidad de la operación, el regidor socialista optó por retirar del orden del día la aprobación de este convenio y requerir a los servicios jurídicos municipales los informes legales y técnicos pertinentes que aclaren la legalidad de una intervención que se pretendía adjudicar mediante un procedimiento negociado.

El acuerdo que los nacionalistas querían sacar ayer adelante durante la junta de gobierno hacía referencia a un convenio firmado entre la Concellería de Turismo, Industria e Comercio y la empresa Afiador Produccións, S. L. para la prestación de un servicio de información turística . Según fuentes nacionalistas, la concesión tendrá una duración de cuarenta años y no supondrá ningún coste económico para el Concello, ya que la empresa adjudicataria asumirá la instalación de los soportes publicitarios a cambio de la explotación económica del mismo.

El BNG realizó la elección de la empresa mediante un procedimiento negociado en el que, según los nacionalistas, participaron «numerosas empresas». Finalmente la firma elegida, Afiador Produccións, S. L. tiene fijada su sede en la calle Progreso, 127, 7A. Su objeto social, según datos públicos, es el de la prestación de servicios de publicidad, márketing y comunicación. Sobre la fórmula legal elegida por los nacionalistas para esta adjudicación también se posicionó ayer el Partido Popular, a través de su concejal Aurelio Gómez Villar: «La figura del convenio-contrato no existe. El convenio debe firmarse en presencia del secretario general del Concello o en su defecto ante el oficial mayor, quien debe igualmente firmar».

Por ello, el grupo municipal del PP no duda en afirmar que se trata de un procedimiento «plagado de irregularidades que daría como consecuencia una adjudicación arbitraria del derecho de uso de un espacio público a una empresa particular, nada menos que por un plazo de cuarenta años».

Por su parte, el BNG defiende su actuación asegurando que en ciudades con gobierno socialista como Vigo se han realizado procedimientos similares.