El fiscal de menores de Ourense acusa a Educación de minimizar los casos de acoso escolar

M. A.

OURENSE

30 mar 2008 . Actualizado a las 03:00 h.

La administración tiende a minimizar los casos de acoso escolar existentes en las aulas. Lo dijo ayer Jose Manuel Ucha, fiscal de menores de la Audiencia Provincial de Ourense, durante unas jornadas sobre convivencia e integración organizadas por Comisiones Obreras para profesionales de la docencia. Ucha recriminó a Educación que no haga un seguimiento exhaustivo de estos casos a pesar de que desde medios policiales y fiscales se considere como un asunto muy serio. «Es un problema que existe pero que solo tiene trascendencia cuando salta a los medios de comunicación», lamentó.

El fiscal instó a los profesores asistentes a las jornadas, unos 200, a que denuncien ellos mismos los hechos si ven que la administración no lo hace. Además, Jose Manuel Ucha recomendó a los maestros que siempre informen a la Inspección de Educación de los casos de acoso detectados, aunque estos sean solventados a nivel interno, para que sean contabilizados por la administración y, de ese modo, «que después no salga el político de turno a decir que es un caso aislado», matizó.

Al fiscal no le encaja que la administración diga que estos hechos son puntuales teniendo en cuenta los datos del prestigioso estudio Cisneros, que desvela que un 44% de los alumnos españoles ha recibido algún tipo de agresión, un 23% dos o más y un 12%, además, sufre estrés postraumático derivado de la situación de acoso.

Colaboración con la policía

Ucha insistió en que sean los propios profesores los que denuncien los hechos si lo consideran necesario. Para ello, según dijo, pueden dirigirse directamente a su fiscalía o acudir a las fuerzas del orden. El fiscal de menores recordó que la Policía Nacional dispone de un servicio específico para asuntos familiares -el SAF (Servicio de Atención a la Familia)-, que se encarga de los casos relacionados con menores o malos tratos.

En esta línea, Jose Manuel Ucha consideró necesario reforzar la interlocución directa entre los centros educativos y las fuerzas de seguridad y citó como ejemplo de este modelo el convenio existente entre la Policía Nacional de Cartagena y los institutos de la localidad para atajar los fenómenos de delincuencia habituales en las aulas.

Sobreprotección del agresor

Los profesores asistentes a la charla impartida por el fiscal de menores de la Audiencia Provincial se interesaron en el turno de preguntas por la impunidad de los menores tras la comisión de delitos. Jose Manuel Ucha reconoció que su fiscalía solo puede abordar asuntos que tengan que ver con jóvenes de entre 14 y 18 años. Los casos relacionados con personas de menor edad a la citada son archivados automáticamente, según explicó. En esas circunstancias, lo único que puede hacer el fiscal es ponerse en contacto con la Vicepresidencia de Igualdade e Benestar, que tiene conferidas las competencias de menores, para que establezca posibles medidas correctoras en la atención de los agresores.

Cuando los casos de acoso son protagonizados por menores que sí superan la barrera de los catorce años de edad, la fiscalía tiene más libertad para maniobrar. En primer lugar, se puede decretar un internamiento provisional de hasta seis meses, aunque Ucha considera este tiempo insuficiente para investigar los hechos denunciados. Una vez enjuiciado, el acosador puede ser condenado a hasta dos años en un centro de internamiento. El fiscal considera que las medidas reeducadoras -para los menores no existen penas- son «poco gravosas», pero no quiso ahondar más en este asunto porque «es un tema del legislador», según matizó.