Si la actual ley del suelo estuviese vigente en el año 2001, cuando se hicieron las valoraciones y se formalizó el acuerdo entre la Diputación y Fláger sobre el futuro de la finca Santamarina, «o valor sería sensiblemente inferior». Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, cuando dio a conocer su opinión sobre la sentencia del Tribunal Superior de Galicia, conocida el jueves, que ha dado la razón a la institución provincial en contra del PSOE y el BNG, en la polémica sobre el supuesto pelotazo urbanístico que representaría la venta de la finca de la Diputación a la Inmobiliaria Fláger, para la construcción de más de mil viviendas y un centro comercial.
José Luis Baltar no solo se hizo eco del contundente contenido de la sentencia, que desautoriza punto por punto las posiciones defendidas por los dos grupos de la oposición política para conceder plena credibilidad a la valoración realizada por los técnicos de la Diputación, sino que se permitió apurar la jugada hasta ese punto. Es decir, que incluso la institución provincial hizo un negocio bueno y oportuno.
«A nivel técnico, compre salientar que a actual Lei do Solo considera que todo terreno que non teña as súas rúas executadas e cumpridos todos os trámites municipais, é considerado a efectos da súa valoración como solo rural, aínda que esté dentro do tecido urbano, deixando claro que as expectactivas de desenvolvemento urbanístico non se poden considerar como se dunha realidade se tratase», según su razonamiento.
En un terreno más práctico, Baltar destacó que el acuerdo con Fláger eliminó la posibilidad de que en algún momento pudiese prosperar la reclamación de derechos de reversión de la finca, toda vez que su inicial destino agrícola cuando fue expropiada resultaba más que discutible; permitió a la Diputación revalorizar las fincas Casar y Miramón, que representan el 37% del área de reparto y donde se ha obtenido un importante volumen de edificación comercial y residencial, que se podrá traducir en doscientas viviendas sociales; propiciar mediante convenio la clasificación de suelo dotacional para la ampliación del Complexo Hospitalario Ourensán, como ya se está haciendo; la obtención de 60.000 metros cuadrados de suelo para la construcción del mayor parque público urbano de Galicia, como también para equipamiento socio-cultural y deportivo en la zona, con el compromiso de la Diputación de invertir tres millones de euros en un polideportivo para Mariñamansa, amén de facilitar suelo para la construcción del gran vial bulevar de 36 metros de ancho que unirá esta zona con O Couto.
Frente a la reiterada censura expresada por los grupos políticos que plantearon los recursos, sobre una supuesta reserva de tres millones de euros para pagar los costes de urbanización a Fláger, la sentencia advierte que «una cosa es el deber de urbanizar que corresponde entre otros a la propia empresa y otra es el de efectuar dotaciones públicas, que sí corresponde a la administración: es evidente luego que la demandante puede estar confundiendo la ejecución de las obras de urbanización (viales, zonas verdes, infraestructuras) con la ejecución de las dotaciones en si, que no es una obligación del urbanizador».
Anque José Luis Baltar cree que la actuación del PSOE y el BNG solo «buscaba un ataque directo» a su persona, cree que los dirigentes de estos grupos deben ahora asumir sus responsabilidades políticas ante los ourensanos, «pola paralización do desenvolvemento urbanístico nesa zona da cidade durante sete anos». Al margen, matizó, de los perjuicios económicos que haya podido causar a Fláger y a la propia Diputación, como también al desprestigio ocasionado a la institución «e a algúns funcionarios por limitarse a actuar legalmente».