propiedad intelectual El Gobierno admite que cambiará su plan sobre los cierres de webs

El Gobierno ha decidido que la disposición final del anteproyecto de ley sobre economía sostenible se tiene que cambiar. La confusión creada por este primer texto y, sobre todo, la furibunda reacción de los internautas ha hecho que el Ejecutivo reflexione sobre la cuestión más polémica: el cierre de las páginas web por parte de una nueva Comisión de Propiedad Intelectual y sin la intervención de una autoridad judicial.

Las continuas muestras de rechazo han hecho torcer el paso al Ejecutivo. Las protestas surgieron al considerar que para proteger el derecho a la propiedad intelectual se conculcaban varios derechos fundamentales, como el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

«La disposición se cambiará», aseguraron fuentes gubernamentales. Y más después de que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, asegurara al grupo de expertos que se mantenía la clausura de las webs y por la tarde el presidente del Gobierno apuntara todo lo contrario.

La principal duda es cómo hacer encajar todas las piezas. «Hay que ver en qué momento se judicializa, pero todas las decisiones administrativas están sujetas a un control judicial», apuntaron desde el Ejecutivo, que quiere tener un primer boceto del nuevo reglamento para después de las fiestas de Navidad.

Una de las opciones que barajan los colectivos de internautas es que la famosa y odiada (por su parte) comisión haga de filtro de los jueces. Es decir, las denuncias que realicen los gestores de los derechos de autor sobre las páginas web que vulneren sus obras llegarán a este organismo, las estudiará y se las mandará al juez.

Después de la confusión del jueves y de la desautorización del presidente del Gobierno a González-Sinde, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se vio obligada a defender la actuación de su colega de gabinete y negó que José Luis Rodríguez Zapatero rectificara a la titular de Cultura. Asimismo, insistió en que la ley es una iniciativa del Gobierno y no solo de un ministerio. «Parece lógico que [Cultura] defienda la creación intelectual y sus derechos. Es una tarea que el presidente del Gobierno está convencido de que la ministra lo lleva adelante de forma acertada», apuntó la portavoz.

?Problema europeo

La vicepresidenta reiteró que el Ejecutivo es «sensible» a las necesidades de los creadores y de los internautas. «Hay que armonizar los derechos de unos y de otros», comentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Asimismo, insistió en que la reforma es todavía un anteproyecto de ley y que falta «mucho camino por recorrer», y ese recorrido se hará buscando el consenso de todas las partes, pues es posible que conviva una industria cultural «como motor de crecimiento» con los derechos de los internautas.

Período de consultas

Por otra parte reconoció que la regulación entre estos dos apartados es un tema complejo con muchas vertientes y temas de debate. «La cuestión no debe ser enfocada y planteada como un enfrentamiento entre dos sectores o dos bandas», apuntó la vicepresidenta, quien anunció que habrá un período de consultas con todas las partes porque todavía estamos en el momento del debate.

Asimismo, destacó que el problema generado en España es similar a lo que están debatiendo en el resto de los países en el seno de la Unión Europea, por lo que se debatirá durante la presidencia española.

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