Propiedad intelectual Miles de internautas se amotinan por la amenaza de cierre de webs

Los usuarios de Internet están más que indignados. La causa es la intención del Gobierno español de crear una Comisión de Propiedad Intelectual que permita bloquear páginas de Internet que aloje o facilite sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos de autor, como películas, música canciones o videojuegos. De hecho, el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible recoge que dicha Comisión, nombrada por el Ejecutivo, pueda tomar medidas como el cierre de una web sospechosa de vulnerar la propiedad intelectual sin que un juez lo dictamine.

Esta propuesta ha provocado un movimiento de resistencia en Internet, hasta el punto de que se están convocando manifestaciones en distintos puntos de España para protestar contra este proyecto gubernamental. De hecho, varios miles de internautas y blogueros han firmado un manifiesto, que ya figura en más de 200.000 páginas web, en el que expresan su desacuerdo con la intención del Ejecutivo socialista. La razón parece evidente: «No se puede vulnerar un derecho básico sin el derecho a un juicio, y convertir en un trámite administrativo algo tan serio como cerrar una página web», según Ignacio Escolar, autor del blog Escolar.net.

Éste ha sido uno de los 14 blogueros y especialistas en Internet que se reunieron ayer con la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. El objetivo era aclararles las intenciones de su departamento. «La idea busca afrontar la oferta ilegal, de ninguna manera perseguir al usuario», manifestó la titular de Cultura.

Más preocupados

Pero estos argumentos no convencieron a ninguno de sus interlocutores. Es más, calificaron la reunión como «decepcionante», y añadieron que salieron realmente más preocupados al conocer por boca de la ministra las intenciones del Gobierno. «Las nuevas medidas permitirán el cierre de páginas albergadas no solo en servidores de España, sino en otros países, de forma que el Internet que veríamos en España no sería el mismo que en Francia o Estados Unidos, algo peligrosísimo, y que se hace en países como China o Cuba, no en los democráticos», indicó Escolar.

Para Enrique Dans, profesor de Tecnología en el Instituto de Empresa, el polémico anteproyecto supone un «auténtico golpe de Estado digital, que no tiene nada que ver con las descargas de música, ni con el P2P. Es un intento por controlar la información, silenciar las opiniones que no interesen y callar las voces discordantes», criticó.

Sin embargo, estas críticas fueron rechazadas por otros miembros del Ejecutivo. Incluso el presidente Zapatero añadió más confusión a la hora de explicar las pretensiones de su Gobierno. En contradicción con la ministra de Cultura, aseguró en una rueda de prensa que «si se ha interpretado del anteproyecto alguna posibilidad de cerrar alguno de los espacios de los sitios que está en la Red, ya digo que no bajo ningún concepto». Zapatero explicó que «siempre va a prevalecer la libertad de expresión», aunque advirtió de que esta premisa debe ser compatible con la protección de la propiedad y de la creación intelectuales.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, intentó aportar algo de luz entorno a la polémica, al señalar tras su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que el cierre de páginas web deberá «contar siempre con control y autorización» judicial, a la que la Comisión de Propiedad Intelectual deberá comunicar sus decisiones.