La Eurocámara retira su veto a la ley de Francia contra los internautas que piratean archivos digitales

La Eurocámara y los 27 socios de la UE acordaron ayer una nueva versión del paquete legislativo sobre telecomunicaciones que excluye la posibilidad de obligar a los Gobiernos a exigir la intervención judicial para cortar el acceso a Internet a los usuarios que pirateen archivos protegidos por los derechos de propiedad intelectual.

La modificación del proyecto se pactó en una reunión con representantes de ambas instituciones, y deberá ser refrendada tanto por el Consejo de Ministros de la Unión como por el pleno de la Eurocámara, que lo votará el próximo día 23, puesto que se trata de una de las materias sobre las que ambas instituciones comparten decisión.

Precisamente, fue el Parlamento el que antes del verano aprobó una enmienda a una propuesta previa de la Comisión para evitar que el corte de Internet a los particulares acusados de piratería quedara en manos de los gobiernos, obligándolos a someter esa decisión al dictamen de un juez, como sucede con la intervención de las comunicaciones telefónicas y postales. Si hubiera salido adelante, ese precepto habría obligado a Francia a retirar una reciente ley que permite al Ejecutivo, a través de un consejo asesor, ordenar a las compañías que dejen de suministrar acceso a la Red a los usuarios que reincidan en las descargas ilegales. Esa posibilidad también se ha planteado en el Reino Unido, pero no en España, tal y como ayer recordó la ministra de Cultura. «El pacto, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por los tratados y las reticencias del Consejo, cumple nuestros objetivos ante un tema tan sensible que afecta a las libertades fundamentales de los ciudadanos», aseguró el eurodiputado popular y vicepresidente de la Eurocámara, Alejo Vidal-Quadras, cabeza de la delegación negociadora del Parlamento.

A su juicio, y a pesar de que el acuerdo tumba las garantías judiciales por las que se pronunció en su día el pleno, supone «una victoria» de esa institución: «Es un primer paso adelante en la protección de los derechos de los internautas, porque las otras instituciones no querían ni hablar del tema, y ha sido la determinación de Europarlamento la que ha forzado que se debatieran los límites que Gobiernos y operadores tienen que respetar a la hora de restringir el acceso a Internet».